El exconsejero de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull, que se enfrenta a dicisiete años de prisión por rebelión y malversación de fondos públicos, aseguró ayer ante el tribunal del procés independentista en Cataluña que no se usó “ni un euro público” en la organización del referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017, así como en las campañas de publicidad, al menos, las dependientes de su departamento. Pese a esto, el fiscal Jaime Moreno le mostró facturas que el exconseller no supo explicar.

Turull reconoció que se emitió una publicidad en la radiotelevisión pública de Cataluña en la que aparece unas vías ferroviarias con el lema “Naciste con la capacidad de decidir, ¿vas a renunciar?”. Para justificar que su departamento no malversó, indicó que este anuncio fue gratuito porque se consideraba publicidad institucional, amparándose en un convenio marco de comunicación de la Generalitat.

En este momento, el fiscal le mostró varias facturas relacionadas con esta campaña, sobre las que el acusado afirmó que “estas facturas ni se han pagado, ni se tienen que pagar”.

Por otro lado, Turull también nejó que la Consellería de Presidencia contratase a Unipost en relación a la distribución del material para el 1-O. “No hay ningún encargo ni ningún presupuesto” para esta empresa, dijo y recalcó que “mucha gente” quería colaborar con la jornada de votación y que las urnas llegaron a su destino aunque “a día de hoy” no conoce cómo se adquirieron.

Jordi Turull también calificó la declaración unilateral de independencia (DUI) como una “expresión de voluntad política” como consecuencia de un referéndum, declarado ilegal, que el Govern intentó “hasta el último minuto” que “fuera pactado” con el Ejecutivo central.

Turull respondió durante más de tres horas y en castellano a las preguntas del fiscal Jaime Moreno, a quien acusó de defender un relato entorno a la violencia que “no tiene sentido” y es “delirante”, ya que los ciudadanos de Cataluña son “pacíficos”, todo lo contrario que la Policía y la Guardia Civil, cuya actuación el 1-O fue “desproporcionada no, lo siguiente”.

Según su versión, el Govern “apostó por el referéndum” pero no por la “vía unilateral” porque el objetivo del Pacto Nacional para el Referéndum era “buscar un acuerdo con el Estado”.

Como el acuerdo con el Gobierno central no llegó nunca, se vieron forzados a realizar un “ejercicio de ponderación” entre las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con “su compromiso con los ciudadanos de Cataluña”.