sábado 28/11/20

Una sentencia sin culpables

seguro que es conforme a derecho, pero desconcierta mucho el veredicto de la Audiencia Nacional sobre la salida a Bolsa de Bankia, que causó una estafa monumental a inversores institucionales y a 360.000 pequeños ahorradores, sin que haya estafadores condenados.  
La Audiencia sostiene que el folleto informativo de esa salida a Bolsa contenía suficiente información, que el precio de los títulos “vino fijado por la demanda del mercado” y que en el juicio oral, testigos y peritos no mencionaron a los acusados que “cayeron en el olvido…”. 
Llaman la atención otros “fundamentos” de la sentencia. El primero, el varapalo al instructor y a la Fiscalía Anticorrupción. Las acusaciones contra Rodrigo Rato y otros cuatro encausados, dice, fueron “genéricas y abstractas…, la descripción de los hechos, concretos y suficientemente acreditados, brilla por su ausencia”. 
Segundo, los cuatro correos del inspector del Banco de España, José A. Casaus, de abril y mayo de 2011”no eran documentos oficiales”. El inspector advertía que sacar a Bolsa a Bankia con “las cuentas tan deterioradas” acabaría obligando al Estado al rescate de la entidad.  
Y tercero, que la operación contó con el beneplácito de los supervisores. “El proceso fue supervisado con éxito por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el FROB y la Autoridad Bancaria Europea, contando con la aprobación de todas las instituciones”.  
Todo esto determina que la Audiencia absuelva a los 34 acusados de los delitos de estafa y falsedad contable, sobre todo porque si el supervisor autoriza, el supervisado no puede ser condenado. 
Entonces, ¿por qué Bankia tuvo que indemnizar a pequeños inversores? Un profano en derecho piensa que, si los gestores son inocentes, habrá que pedir responsabilidades a esos “supervisores” por la quiebra y rescate de Bankia. Empezando por el gobernador Fernández Ordoñez que ignoró los “correos” de Casaus, que sabía de qué hablaba, e hizo dejación de funciones, señalaros otros inspectores, durante la crisis financiera. Después están Julio Segura, presidente de la CNMV y Elena Salgado, vicepresidenta de Economía. 
Los tres dieron el beneplácito a esta “operación de Estado” para evitar que la entidad quebrara y son los responsables -la responsabilidad no se delega- del mayor fraude que se produjo en el sistema financiero. La prometida investigación en su día del Fiscal General Torres Dulce quedó envuelta en un manto de silencio, perece que para no someter a “pena de telediario” a Ordoñez y Segura. 
Eso confirma que “la ley está pensada para el robagallinas, no para los grandes defraudadores”. Lo dijo en 2014 Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo. 

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