El Gobierno presentó un requerimiento al Ayuntamiento murciano de Jumilla para que anule el acuerdo que impide las celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas ante las críticas de PP, que cree que solo busca confrontar, y Vox, que le acusa de querer tapar sus escándalos con una falsa polémica.

Presentado por la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, y coordinado con los Ministerios de Justicia y Política Territorial, el Ejecutivo sostiene que la normativa permite el uso del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”.

Según el Gobierno, el acuerdo alcanzado “restringe de forma arbitraria” una celebración realizada desde hace años, vulnerando los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad confesional de la Administración. 

“No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa”, recoge el escrito. 

"Deriva extremista"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la medida: “Frente a la deriva extremista de PP y Vox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia”, garantizó.

Guevara subrayó que desde el Ejecutivo “combatirán política y jurídicamente cualquier paso hacia el autoritarismo” y aseguró  que el Ejecutivo “defiende la libertad religiosa en Jumilla” y que la decisión del Ayuntamiento es “arbitraria y vulnera un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución: la libertad religiosa”.

También el PSOE cargó contra el PP por comprar la ideología del partido de Santiago Abascal y subrayó que “Vox manda, el PP obedece y España retrocede”, acusándolo de llegar incluso “a institucionalizar la islamofobia y el racismo” con tal de llegar al Gobierno.

Pero el PP cree que el Gobierno solo busca, como Vox, seguir incrementando “la confrontación y los muros” al impugnar la moción, según su vicesecretario general, Juan Bravo, quien aseguró que su partido defiende la libertad de culto y que la norma aprobada “no veta absolutamente nada”.

Por su parte, el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, señaló que el requerimiento responde a una estrategia de un “gobierno mafioso, que trata de tapar sus escándalos con una polémica que no es tal”.

Los vecinos

El Ayuntamiento de Jumilla eludió pronunciarse, pero sí lo hicieron algunos vecinos; así, Francisca Muñoz, una jumillana residente en Murcia capital, pero que pasa todas las vacaciones en su población natal, apuntó que “lo que pasó en el ayuntamiento” no se corresponde con lo que ocurre fuera y asegura que en esta localidad no existen problemas de convivencia y los extranjeros residentes “vienen a trabajar y a consumir”.

Héctor Alfredo Guzmán, un latino residente en el pueblo, defiende el derecho universal a la libertad religiosa.

 “Nadie puede quitar ese derecho”, subrayó, mientras que Mamdú Turé, que llegó a Jumilla hace 20 años desde Mali, explicó que todos los años piden permiso al ayuntamiento para organizar la fiesta del cordero y el fin del Ramadán “y no pasa nada, estamos allí sin problema”.