11º-16º
martes | 16 abril | 2024
El Congreso aprobó definitivamente la Ley de Bienestar Animal y los Derechos de los Animales con dos tercios de las enmiendas propuestas por el Senado, sin incluir a los perros de caza ni tampoco la obligación de que el dueño y el can pasen un examen de aptitud de sociabilidad, en un debate lleno de reproches y acusaciones entre el Gobierno y todos los grupos de la oposición.
En concreto, la Cámara rechazó eliminar varios artículos, el capítulo II completo, y mantuvo la obligación de contar con programas de voluntariado y colaboración de las entidades de protección animal.
Además, aprobó la enmienda relativa a excluir de entre las prohibiciones generales que las personas sin hogar puedan seguir teniendo animales de compañía, aunque sea de forma ambulante, para evitar que estos sean multados. Quedará prohibido, sin excepción, dejar a un animal de compañía sin supervisión durante más de tres días consecutivos y en el caso de los perros este plazo quedaría limitado a no más de 24 horas consecutivas.
Otro de los cambios propuestos por el Senado aprobados en el Congreso es la supresión de la obligación de un test de los titulares junto a sus perros para valorar su aptitud para desenvolverse en el ámbito social y otra más para que ya no sea obligatorio que las administraciones públicas esterilizaran y pusieran un microchip a cada uno de los gatos que compongan una colonia felina.
También salió adelante otra enmienda sobre la función inspectora, de forma que el Ministerio ya no podrá excepcionalmente dirigirse a las comunidades para que estas ejerzan la función inspectora o bien comunicar al Ministerio Fiscal cuando tenga conocimiento de infracciones. Igualmente, se suprime la obligación de que cualquier Ministerio con conocimiento de una infracción sobre bienestar animal pondrá en conocimiento de la autoridad a la que podrá solicitar su actuación.
Se modificará la disposición adicional quinta para que quienes tengan animales de especies externas al Listado Positivo de Animales de Compañía tendrán seis meses para comunicar su tenencia a las autoridades competentes y estas tendrán que adoptar las medidas de cara a su intervención.
Sin embargo, el Congreso votó en contra de suprimir el artículo cuatro y el título II que contemplan la creación de un sistema centralizado de registros para la protección animal. Tampoco eliminó la obligación de que los planes de protección civil contemplen medidas de protección para los animales.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, celebró la aprobación de la norma en la Cámara Baja pero lamentó que el PSOE se diese la mano con PP y Vox y el lobby de la caza para excluir a los perros de caza de la legislación. “Se equivocan”, aseguró Belarra pues defiende que “todos los animales merecen la misma protección independientemente a lo que se dediquen”.
No obstante, manifestó que se trataba de un día “muy importante” porque “empezamos a construir un país mejor, donde ahogar a un jabalí o quemar un zorro pasa a tener reproche penal”, destacó la ministra.
No obstante, cabe recordar que más de 12.000 perros de caza (en concreto, 12.295) en el 2022, con Andalucía a la cabeza según reveló un estudio elaborado por Pacma con la colaboración de 194 entidades de protección animal distribuidas por todo el territorio nacional.
Por comunidades, Andalucía es la autonomía donde mayor número de canes de caza abandonados (5.542) a la que siguen Castilla La Mancha (1.480 abandonos anuales); la Comunidad de Madrid (1.005); Canarias (787) y Galicia (699).
Asimismo, los 2.502 restantes se distribuyen entre once comunidades ante la falta de datos de la Comunidad Foral de Navarra.
