La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza para el matrimonio que fue detenido el pasado 28 de abril por mantener encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en su vivienda familiar en las afueras de la capital asturiana.

En sendos autos, la Audiencia ha desestimado los recursos interpuestos por el matrimonio, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, contra la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo dentro de las diligencias abiertas por los delitos de abandono de menores y de maltrato psicológico en el ámbito familiar.

La sala justifica el mantenimiento de la prisión provisional "por la gravedad de los hechos" que se les imputan, ya que, según el atestado policial, mantuvieron a sus hijos, dos gemelos de 8 años y otro niño de 10, durante cerca de cuatro años en el interior del domicilio familiar "con ausencia total de escolarización y de todo tipo de cuidados y seguimientos sanitarios", e impidiéndoles la socialización, lo que les ha llevado a "un retraso evidente en diferentes áreas del comportamiento humano".

A todo ello se le añade la "situación deplorable" en la que se encontraba la vivienda, con "múltiples focos de basura" en el baño, la cocina, la escalera o junto a las camas de los niños, y con "una ausencia total de las condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el desarrollo de una vida normalizada".

La Audiencia admite que en estos momentos el riesgo de reiteración delictiva es "poco relevante", puesto que los menores se encuentran bajo la tutela del Principado de Asturias, pero subraya que "sí que se da un evidente e importante riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena" que se les podría imponer.

El matrimonio, que residía en una vivienda tipo chalet en la zona rural de Oviedo, fue arrestado tras la investigación abierta a raíz de una denuncia vecinal.

El Gobierno del Principado, que continúa buscando a familiares de los menores, se personará en la causa penal abierta contra sus padres al asumir la administración autonómica la tutela de los tres niños.