El Director General de Seguridad escribió: “Puedo IMPONER e Impongo la sanción de 100.000 pesetas al sacerdote por haber asistido y animado una reunión clandestina del Ferrol, en la que tomaron parte dirigentes del Partido Comunista y Comisiones Obreras para la constitución de una titulada “Junta antirrepresiva” en la que se acordó, y posteriormente se llevó a cabo el día 17, la difusión de propaganda censurando la actuación de la Policía Armada y pidiendo la solidaridad de todo el pueblo en favor de los manifestantes de los días 9 y 10 del actual y por realizar otras actividades en las que intervino directamente estimulando y manteniendo tenso y latente el espíritu de rebeldía de los obreros (...)”. Por vez primera se habla de la Junta Antirrepresiva, que llegó a pedir que se juzgara a los policías que mataran a los dos obreros.

En uno de los apartados del sector dedicado a las CCOO (en R. Cal Informes Diversos ..., pp. 255-259 ) encontramos “La Junta Antirrepresiva se pronuncia”, consiste en un informe que presentó en septiembre de 1972. Es el único informe que cuenta cómo se aplicaba la tortura, son ocho formas de hacer sufrir al preso para que descubra quienes eran los rebeldes. Son tan dolorosas que mejorno repetir el texto.

La Junta agrupaba a “todas aquellas personas de distintas ideologías y creencias que deploraban toda clase de desmanes y violencias, que atentan contra los derechos fundamentales del hombre, Declaración Universal de la UNESCO firmado por España en el año 1953”. La primera reunión masiva tuvo lugar en el restaurante O Galo, se juntaron por invitación personal, era una reunión clandestina, participó mucha gente. Los objetivos eran informar “lo más objetivamente posible de todos aquellos acontecimientos que contradicen a los citados derechos, y prestar todo tipo de ayuda a los que sufren sus consecuencia ..., nos sentimos en la obligación de dejar constancia ante el pueblo gallego”. Se centra en la ola represiva a los obreros, técnicos, abogados, licenciados, mujeres de distintos profesiones, periodistas, etc.

Las sanciones si las imponía el Gobernador Civil podrían alcanzar hasta 100.000 pesetas y si eran del Director General de Seguridad hasta 250.000 pesetas, teniendo que ser abonadas en el acto o pasaban inmediatamente a cumplir el arresto subsidiario a la prisión provincial de La Coruña. Los despidos, 17 de los 25 enlaces sindicales de especialistas, entre los que se encontraban los dos vocales jurados, un enlace de técnicos y unos 30 trabajadores de la Empresa Nacional Bazán así como uno de la Peninsular Maderera. En los juicios celebrados ante la Magistratura de Trabajo, el magistrado juez Fernandez Facorro, ratificó todos los despidos excepto el de Ramiro Vidal Rodríguez que tuvo que ser indemnizado.

Debido al hallazgo de unas octavillas de CCOO aparecidas en una fragata en construcción en Bazán, (aunque su contenido no estaba relacionado en absoluto con la Marina) se inició la actuación del Juez Instructor Militar, se interroga a numerosos trabajadores en el interior de la propia Empresa de Bazán y en la Prisión Provincial de La Coruña, y alguno que fue puesto en libertad por el Juez de Instrucción se le vuelve a detener y se le envía a la Prisión Naval de Caranza quedando a partir de ese momento incomunicado y sometido a interrogatorio con tortura, lo que originó que las familias y abogado de los detenidos acudieran al Comandante de la Prisión que dispuso, a partir de entonces, la presencia de un celador en los interrogatorios policiales. Algunos trabajadores se exiliaron y fueron acogidos en Francia, pero pronto aparecieron en la prensa requisitorios del Juez Instructor Militar con nombres y apellidos, entre ellos Ramiro Romero y Francisco Fernández (Paco Balón).

El 16 de junio los vocales jurados de Bazán, Amor Deus y Riobo Millán, junto con el profesor Julio Pérez de la Fuente, que esperaban desde abril en la cárcel de Coruña para llevarles al TOP, fueron trasladados a la prisión Naval de Caranza. Se les aplicó el juicio ante un tribunal militar y en consejo de guerra. El trato inhumano llegó al extremo de que cuando el hijo único de Amor Deus de 7 años, murió en un accidente el día 18, aunque el TOP concedió permiso y el Ministro de Marina delegó en la Capitanía General, el Comandante Instructor se lo negó.

La Junta Antirrepresiva ante la gravedad de los hechos expuestos “DENUNCIA: 1 La arbitrariedad de las multas impuestas por el gobernador civil y la Dirección General de Seguridad. 2 La brutal y homicida actuación de la Policía Armada durante los acontecimientos del pasado 9 y 10 de marzo. 3 La arbitrariedad de los fallos de la Magistratura. 4 Las torturas y vejaciones de que fueron objeto los detenidos a cargo de la Brigada Político Social. 5 La negación de las libertades provisionales a hombres que necesitan de su trabajo para alimentar a sus familiares. Los despidos a todas luces injustificados y la aparición de las “listas negras”. 6 La intervención de la Marina de Guerra en problemas puramente laborales y en otros que consideramos ajenos a su papel. Y 7 la actuación de la Organización Sindical claramente en contra de los trabajadores. El Ferrol septiembre de 1972”.