El ex alto cargo socialista es uno de los de la no tan ‘vieja guardia’ que está en contra de aprobar una ley de amnistía, con la denominación que sea, para permitir a Puigdemont regresar a Cataluña sin riesgo de pisar la cárcel. “¿Sabrá Núñez Feijóo que con toda probabilidad sería ilegal que un Gobierno en funciones tramitase una ley tan importante, al margen de su posible, o no, inconstitucionalidad?”, me pregunta, extrañado de que la ley que prohíbe tal tramitación no haya sido esgrimida aún en público por la oposición. Pido más explicaciones a mi amigo el ex, que ha desempeñado importantes tareas en gobiernos socialistas anteriores. Aquí están.

Quienes hicieron aprobar, por amplia mayoría, una Ley del Gobierno, la 50/1997, del 27 de noviembre, no fueron ni Felipe González ni, claro, Zapatero, sino ministros de José María Aznar, si bien el proyecto de esta Ley, aprobada por amplia mayoría, se gestó en las postrimerías del mandato de González, que ahora encabeza la oposición socialista a la concesión de amnistía para el ‘procés’. Y el nunca reformado Título IV de esta Ley, dedicado a los gobiernos en funciones, reza así en su preámbulo, cito textualmente: “El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

¿Es la tramitación de la amnistía un asunto ‘ordinario’ y más en las circunstancias políticas actuales en España? ¿Es un caso de urgencia “debidamente acreditado”? ¿Podría, según el espíritu de esta ley, tramitarse y, en su caso, aprobarse en el plazo de un mes una ley de amnistía que afectase a cuatro mil personas en condiciones más que polémicas?

Supongo que Feijóo llevará a la Cámara esta ley cuando, dentro de diecisiete días, tenga que someterse a una investidura que todos dan, con los números en la mano, como presuntamente fallida. Pero me pregunto si Sánchez tiene a su artillería jurídica, más allá del Tribunal Constitucional, lista para procurarle respuestas basadas en la ley, y no en la distorsión de la misma, para contraargumentar las razones de quienes se oponen a dar satisfacción a Puigdemont. Una oposición que ya se está viendo que no afecta solamente al bloque de la derecha.

Pienso que Pedro Sánchez no podrá seguir tensando una cuerda que amenaza con romperse por varias partes, ni podrá, salvo que esté dispuesto a afrontar serias consecuencias, seguir dando la impresión de que están, él y la legalidad del país, en manos del fugado de Waterloo. Tiene una relativamente sencilla marcha atrás, asegurando que para él la defensa de la Constitución y de la legalidad vigente es lo primero y que no ha logrado atraer al irredento separatismo del líder moral de Junts a esta legalidad. Creo, incluso, que ello, más la promesa de gobernar “de otro modo” tendría rédito para él en unas nuevas elecciones, sobre todo pensando, como se piensa en La Moncloa, que el PP y Vox se encuentran en una situación de cierto ‘decaimiento electoral’.

Seguir adelante con los planes para ‘fabricar’ una amnistía exprés y, luego, tener que aceptar, durante la Legislatura, la exigencia de un referéndum vinculante sobre la secesión en Cataluña, podría acabar destrozando a un PSOE que hasta hace muy pocas semanas pregonaba cosas distintas a las que defiende.