La realidad, qué duda cabe, es un presupuesto para la acción política. La realidad debe ser mejorada para que permita de la mejor forma posible la mejora de las condiciones de vida de las personas. Y,  las condiciones de vida, para que sean dignas, deben, valga la redundancia, partir de la centralidad de la dignidad del ser humano, del que es, del que está a punto de ser y, por supuesto, del que va camino de dejar de ser.

En este sentido, la apertura a la realidad, la aproximación abierta a las condiciones objetivas de cada situación, y  el acceso a la experiencia, la disposición permanente de corregir y rectificar lo que la experiencia nos muestre como desviaciones de los objetivos propuestos, o más en el fondo, de las finalidades de  la acción política, son componentes esenciales, actitudes básicas del talante ético que debe impregnar las políticas públicas.

Una política social, por ejemplo, que no ofrezca a las mujeres embarazadas todos los medios económicos y sociales pertinentes para la continuidad de la especie humana, siendo un obvio interés general la natalidad, no es, obviamente, una política social con rostro humano. Impedir que una mujer pueda, si así lo desea, escuchar el latido del corazón del ser humano que lleva en sus entrañas, es lesionar un derecho fundamental tan relevante como el derecho a la información.

Pensar la complejidad de la realidad y acercarse a ella desde el supuesto de la propia limitación, especialmente cuándo se trata de vertebrar verdaderas políticas sociales que ayuden a las mujeres embarazadas con problemas económicos para traer hijos a este mundo, ayuda a entender lo que es la sensibilidad social.

Tal perspectiva rompe cualquier tipo de prepotencia en el análisis o en el dictamen de soluciones a la que el político pueda verse tentado.

Quien tiene responsabilidades públicas ha de tener claro que no es infalible, que sus opiniones, sus valoraciones, están siempre mediatizadas por la información de que parte, que es siempre limitada, necesariamente incompleta y precisada del contraste con el gran canon de legitimidad de la política democrática: la dignidad del ser humano, especialmente de aquellos necesitados de especial protección, de aquellos que son la misma expresión de la indefensión.

Por ello, al hablar de las condiciones objetivas de las diversas situaciones a las que el responsable político se enfrenta, se podría interpretar que quienes tienen a su cargo la rectoría de la cosa pública deben atender sólo a lo que podríamos llamar condiciones reales, prescindiendo de las referencias a la subjetividad, a la conciencia de las gentes, al sentir social. Nada más lejos de lo que debe ser.

El sentir social, la conciencia social, en la medida que está informado y constituye expresión de los principios del Estado de Derecho, debe ser un elemento de primer orden en la consideración del político si realmente se admite que la ciudadanía es el elemento fundamental en la articulación de la vida política.

El sentir social, en cuanto se asienta en la centralidad de la dignidad del ser humano, forma parte -podríamos decir- de las condiciones objetivas, porque es un factor que actúa realmente, que gravita sobre las situaciones reales, y debe ser tenido en cuenta en su valoración. Y hoy es probable que una política clara y comprometida de ayuda real a las mujeres con problemas socio económicos relevantes para sacar adelante su embarazo, sea de una gran aceptación social siempre que se plantee de una forma razonable y clara.

La acción política debe tener muy en cuenta la opinión pública. Sería suicida, pero sobre todo sería inadecuado e injusto, actuar de espaldas a ella. Pero la acción política no puede plantearse como un seguidismo esclavizado de esa opinión, sobre todo cuándo, ubicados como estamos en una crisis moral de incalculables proporciones, la cultura de nuestro tiempo debe volver a vibrar con uno de los criterios más relevantes del Estado de Derecho: la condición omnipotente y soberana de la dignidad del ser humano, que se levanta y se yergue omnipotente frente a cualquier embate arbitrario del poder, sea público privado.

Estamos en tiempos en los que se precisan compromisos coherentes con la dignidad humana.

En todos los órdenes y en todos los frentes, empezando, por supuesto por los más inermes, por aquellos que no siquiera pueden defenderse por sí mismos y que, sin embargo, son condenados por esa insensibilidad consumista e insolidaria que hemos de combatir.

Se puede, y se debe, facilitar el derecho a nacer y, en la misma debida, ayudar a las mujeres embarazadas que tantas veces son abandonadas en momentos tantas veces tan difíciles. Por eso, ¿por qué razón  se pretende impedir que una mujer embarazada que lo desee pueda escuchar el latido del corazón del ser humano que lleva en sus entrañas?