El Gobierno, particularmente el presidente y su vicepresidenta de asuntos económicos, nos han contado una semana más que España es ejemplo en el mundo entero. Calviño incluso aseguró que las autoridades del FMI le preguntan por el milagro español. Están encantados con el mercado de trabajo o los avances en inflación y crecimiento de la economía. Pero, en materia económica los datos son tozudos y la realidad se empeña en estropearte el relato. Habían pasado pocas horas de esas exaltaciones, cuando se publican los datos de deuda y déficit en los países de la UE. Y, ¡qué sorpresa! España está en el pelotón de los torpes. A poco más de un año que se negocien las nuevas reglas fiscales, España tiene una deuda pública de 1,5 billones de euros y el déficit se sitúa en 4,8% del PIB, casi 64.000 millones de agujero en las cuentas. No ha conseguido aún el nivel de riqueza anterior a la pandemia y en las cuentas del mercado de trabajo faltan por contabilizar como mínimo un millón de parados. Mientras, los contratos a tiempo parcial crecen desaforadamente y no se recuperan las horas trabajadas.

Hay, además, otras variables menos expuestas en los medios de comunicación que hacen un daño irreparable a la reputación de nuestro país y de las que el Gobierno no dice ni esta boca es mía. Según un informe realizado por las propias empresas afectadas y publicado por ‘Bloomberg’ cuatro bonos de deuda española están en una situación técnica de ‘default’ o impago por los incumplimientos del gobierno de España, al no pagar los laudos arbitrales de impagos pendientes a las empresas e inversores afectados por la retirada retroactiva de los incentivos a la inversión en energías renovables. Las consecuencias son un daño monumental en las operaciones de endeudamiento del Tesoro, que podría ver bloqueado su acceso a la financiación y el consecuente daño a la imagen de España. De momento, la cifra ronda los 900 millones, pero puede aumentar si se culmina la congelación de la cuenta bancaria del Instituto Cervantes en Londres y la confiscación de su sede en Londres. Además, ha sido embargado ya un edificio de Acció, la agencia de promoción económica de la Generalidad de Cataluña, y en breve podrían embargar la filial de Navantia en Australia y otros activos financieros y bienes inmuebles. Hasta el Falcon de Sánchez entraría en la lista.

El asunto es grave y debería ser motivo para que la oposición tomara buena nota y el Gobierno fuera convenientemente preguntado. De antemano sabemos que le quitarán importancia, pero seguiremos informando y notaremos buena nota de sus consecuencias reputacionales para España como país cuya seguridad jurídica deja bastante que desear.