De las tres convocatorias electorales que animarán la naciente primavera política (vascas, catalanas y europeas), me centro en la más condicionante de la política nacional. Como el “Aleph” de Borges, Cataluña es el punto de todos los puntos. Encrucijada de todas las encrucijadas, lugar de lugares, el nervio más sensible para la estabilidad del Reino.

De hecho, el tablero de la política nacional (no solo el autonómico) se ha puesto patas arriba por el oportunista regate en corto de los minoritarios “comunes” (Ada Colau y su siciliana venganza por haber sido desalojada del Ayuntamiento de Barcelona).El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha quedado a los pies de los caballos, sin PGE y con un pedestal de poder (“Frankenstein” le dicen) cuyos componentes se disponen a competir entre sí en las tres convocatorias electorales que se avecinan.

De ahí el mayor interés de las elecciones del 12 de mayo, a la espera de saber si los catalanes apuestan por el pase de página, la pacificación y la convivencia sin exclusiones o una vuelta a las andadas del desafío independentista contra el Estado “represor”. El primero es un mensaje potente en boca del candidato socialista, Salvador Illa. El segundo es la insinuada apuesta por un nuevo frente común de los partidos secesionistas (ERC y JxCat). Insinuada, pero no explícita, por si luego los números obligan a separarse en función de fronteras ideológicas, no en función de fronteras identitarias.

En otras palabras: la clave está en la fórmula de gobernabilidad que se imponga y eso depende de los resultados. Las encuestas cantan una sobrada victoria de Illa al frente de los socialistas catalanes, aunque muy alejada de la mayoría necesaria para gobernar cómodamente (68 escaños), alcanzable solo incorporando a una de las dos fuerzas independentistas. Lo lógico es que fuera ERC, pero eso exigiría que los de Aragonés enterrasen sus apremios secesionistas y priorizasen decisiones orientadas a mejorar la vida de los catalanes. Probablemente la formula solo sería posibles si también por la parte socialista se hicieran concesiones que reforzasen el autogobierno de la Comunidad sin desbordar el marco autonómico. Se habla de una reforma del Estatuto que incluya el tantas veces reclamado pacto fiscal. En Cataluña suena bien, pero en el resto de España volvería a interpretarse como un ataque a los principios de igualdad entre personas y territorios. Eso jugaría en contra de los intereses de Sánchez a escala nacional.