Un tribunal revolucionario iraní condenó ayer a un preso a la pena de muerte por su participación en las protestas que sacuden el país, lo que eleva a 17 el número de personas sentenciadas a la horca por una revuelta que pide el fin de la República Islámica, de las que ya fueron ejecutadas cuatro.

Javad Rouhi fue condenado a la horca por “liderar” en diciembre a un grupo de “alborotadores” en los “disturbios” de la norteña ciudad de Noshahr, en unos incidentes en los que murieron cinco personas y en los que varios efectivos de seguridad resultaron heridos, informó Mizan, agencia del Poder Judicial.

Debido a su “liderazgo” en las protestas, Rouhi fue sentenciado por “corrupción en la tierra” por cometer crímenes contra la seguridad del país, la destrucción de propiedades y colusión para cometer crímenes. Además, fue sentenciado por cometer apostasía al quemar un Corán, el libro sagrado del islam.

Mizan remarcó que el acusado contó con un abogado durante el procedimiento judicial y señaló que es posible apelar la condena en un tribunal superior.

Manifestaciones

Irán vive protestas desde la muerte el pasado 16 de septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, pero las movilizaciones evolucionaron y  los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruhola Jomeini en 1979.

El Gobierno iraní reprimió fuertemente las movilizaciones, protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres que piden más libertades al grito de “mujer, vida, libertad”.

Con la condena a Rouhi ya son 17 las personas sentenciadas a la pena máxima por delitos cometidos durante las protestas. Hasta ahora, cuatro reos fueron ejecutados, a pesar de los llamamientos internacionales para que paren los ahorcamientos.

En diciembre las autoridades iraníes anunciaron de forma confusa el fin de la Policía de la moral, que se encargaba de aplicar las leyes de moralidad del país islámico, pero al mismo tiempo resaltaron que solo cambiarían los métodos para imponer dichas normas.

La Unión Europea (UE) se declaró consternada en numerosas ocasiones por las ejecuciones y pidió a Teherán que “anule sin demora” las condenas a muerte contra los manifestantes.

Casi 500 personas murieron en total en las protestas y cerca de 20.000 fueron detenidas, según la ONG Irán Human Rights.