2º-12º
domingo | 15 diciembre | 2024
El portavoz parlamentario de PPdeG, Alberto Pazos, defendió este lunes la disposición adicional en la normativa gallega de vivienda, a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta, en la que regula el procedimiento para declarar zonas tensionadas, como forma de “clarificar” la legislación estatal.
En rueda de prensa, Pazos aseguró que su grupo ha dado el paso de regular esta cuestión ante la “carencia clara” que existía en la legislación nacional pues, a su juicio, “no clarificaba en absoluto el procedimiento para declarar esas zonas” como tensionadas.
La Xunta busca, según indicó Pazos, arrojar luz en este proceso “ante el interés de algunos ayuntamientos” y dado que la legislación no es clara al respecto porque tanto las autonomías como los ayuntamientos tienen competencias en materia de vivienda, aseveró.
Remarcó también que la Xunta busca que la declaración de zonas tensionadas se lleve a cabo desde “un posicionamiento riguroso” y con “criterios técnicos”.
Además, el popular puso en duda el interés de los grupos de la oposición en esta materia ya que no presentaron iniciativas a este respecto. Con todo, “nuestra puerta está abierta y también la de la consellería” para buscar mejoras en el texto, zanjó.
Los ayuntamientos gallegos que pidan declarar zonas tensionadas de alquiler tendrán que presentar en el plazo de dos meses un plan específico que contenga las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados, así como el calendario de desarrollo de estas acciones.
Así figura en la disposición adicional introducida por el Partido Popular en las enmiendas presentadas al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de la Xunta para 2024.
La propia conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, explicó la pasada semana que con esta disposición adicional la Xunta busca introducir mecanismos para regular la declaración de zonas tensionadas de alquiler al “no estar habilitada” ninguna fórmula para ello en la ley estatal. “Las leyes están para cumplirse” por lo que la Xunta debe buscar la “fórmula más adecuada posible” para abortar las peticiones de ayuntamientos como el de A Coruña, indicó.
En concreto, el texto detalla que le corresponde al Instituto Galego da Vivienda e Solo (IGVS) y previa solicitud del ayuntamiento interesado, la designación como zona de mercado residencial tensionado de aquellos ámbitos en los que ocurran los supuestos incluidos en la ley de vivienda.
La declaración exigirá que, con carácter previo a la presentación de la solicitud, el consistorio interesado constituya una mesa sectorial en la que se analizará la propuesta. En este órgano, tendrán que estar representados los colegios profesionales o asociaciones de administradores de fincas, de agentes de la propiedad inmobiliaria y de personas promotoras de viviendas.
La disposición señala que transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud y de la documentación, el consistorio podrá considerar desestimada su petición a los efectos de permitir la interposición del recurso contencioso administrativo.
Además, la vigencia de la declaración como zona tensionada será de tres años, pudiendo prorrogarse por el IGVS anualmente siguiendo el mismo procedimiento.
El diputado del BNG Luis Bará acusó a la Xunta de proteger a la patronal y de no tener intención de poner tope al precio de alquiler de la vivienda en Galicia.
La disposición redactada para poder declarar zonas tensionadas es “torticera” y escrita “al dictado” de los grandes propietarios y administradores, reprochó Bará en una conferencia de prensa.
El diputado nacionalista gallego indicó que inicialmente el Gobierno gallego se oponía esta declaración, pero “ahora acabamos de ver un supuesto giro de guión”, aunque advirtió de que “tiene trampa” porque busca que “en realidad no se haga nada”.
