11º-22º
sábado | 20 abril | 2024
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha dado por zanjado el conflicto de la firma Setga con el Concello de Cerdido, fallando a favor de este último, sobre el pliego para la nueva iluminación exterior municipal. En una sentencia del pasado día 20, el organismo judicial ha sido tajante contra el último recurso presentado por la empresa, el tercero desde que se inició la licitación, llegando incluso a imponer una multa a esta al considerar que obraba a mala fe.
Si bien el texto no señala que el gobierno local era quien llevaba razón en el conflicto, la resolución resulta favorable para este último, dado que percibe un ánimo claro de dilatar el proceso de licitación, algo que perjudicaría a la ciudadanía no solo al retrasar unas labores necesarias para la misma, sino también al depender el proyecto de financiación externa que podría perderse al pasarse los plazos.
Tal y como detalla el escrito judicial, la empresa denunciante presentó tres recursos en contra de la mencionada licitación, alegando que las condiciones descritas la excluían a participar en el mismo –de hecho no formaba parte de la misma–. En este sentido, el Tribunal aceptó el recurso en dos ocasiones, admitiendo que la firma tenía derecho a presentarlo tanto porque la cantidad del contrato excedía los 100.000 euros, como por que formaba parte de su área de actividad.
Asimismo, el organismo observó en el pliego “irregularidades” en los criterios de valoración de las ofertas, destacando “cláusulas contradictorias ou que, alo menos, xeran incerteza e escuridade con potencialidade de afectar a adxudicación”. Ante esta situación, la administración local corrigió el mencionado documento hasta en dos ocasiones, siendo los nuevos pliegos aprobados todas las veces por unanimidad en el pleno municipal.
Este tercer recurso, no obstante, optó por una vía diferente, denunciando aspectos como el criterio de valoración o la fórmula aplicable al mismo –en los anteriores se centraba, principalmente, en las diferentes puntuaciones–. Así, el Tribunal entiende que, al no haberse denunciado anteriormente dichos aspectos, la empresa los aceptaba y, por ello, ahora no se pueden recurrir –una medida de seguridad para evitar un bucle para extender de forma artificial estos procesos e impedir las licitaciones–.
En base a esto, el organismo judicial considera que la firma no solo no ha justificado su nuevo recurso, sino que lo ha presentado para dilatar el procedimiento, por lo que se le impone una multa de 1.000 euros –la mínima contemplada por la legalidad, al no encontrarse motivos para solicitar una mayor–.
No obstante, la empresa ahora podrá presentar un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Galicia.
