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viernes | 18 julio | 2025
Con la vista puesta en el año 2027, la Xunta y el Concello avanzan con la máxima celeridad en el proyecto de saneamiento del rural. Así, el pasado martes, día 1, finalizó de forma oficial el período de exposición pública, el cual, al menos en un principio, se saldó sin alegaciones. Una vez solventado este trámite y ya con todos los permisos sectoriales obtenidos, el gobierno local cuenta con iniciar la licitación de las obras de la fase 1A en cuestión de semanas.
El objetivo, según recordaron esta semana el teniente de alcalde, Javier Díaz, y el concejal de Zona Rural, José Tomé, es comenzar este procedimiento este mismo verano, mientras que el segmento 1B se sacaría a concurso público durante el último trimestre de 2025 y la 2 entre finales del presente ejercicio y comienzos del siguiente.
“La actuación comienza en el área de Doniños, que enlaza con el colector de Valón”, explica el también responsable del departamento de Obras e Servizos. Uno de los puntos más relevantes que destaca el edil es que, a medida que avancen las intervenciones, las conexiones que se acometan se pondrán en funcionamiento directamente, sin tener que esperar a que concluya todo el proyecto. “Las fases que se vayan haciendo se van a ir conectando a las instalaciones de A Cabana”, afirma.
Asimismo, Díaz insiste en que las diferentes partes en las que se han dividido las obras no son “incompatibles” las unas con las otras, de forma que los trabajos, con un período de ejecución de 18 meses por segmento, pueden acometerse de forma paralela. “Pueden ir superpuestas y seguir trabajando al mismo tiempo”, señala el teniente de alcalde, reiterando que, al igual que con la puesta en marcha de los enlaces, no es necesaria finalizar una fase o una serie de actuaciones dentro de la misma para comenzar la siguiente –de hecho, en base al mencionado plazo para realizar las obras, se espera que, como mínimo, los segmentos 1A y 1B se ejecuten casi en paralelo–.
El proyecto de saneamiento del rural es, sin lugar a dudas, una de las grandes demandas históricas de la población de Ferrol. El primer intento de sacar adelante el proyecto, asegura José Tomé, surgió en el año 2014, durante los últimos compases del primer mandato de José Manuel Rey. “Cuando esto comenzó iba a ser con unas minidepuradoras, pero en una reunión con la Asociación de Vecinos del Rural, que nació con el plan de barrios, dijeron que no querían estos elementos y fue ahí cuando se optó por el bombeo”, explica.
“Había un proyecto, que incluso se llegó a negar su existencia en los plenos hasta que Luis Victoria, que estaba de concejal de Servizos en tiempos de Jorge Suárez, reconoció que sí que lo había. Todo esto lo retrasó, así que cuando llegó José Manuel hubo que actualizarlo”, narra el concejal, recordando que todos los permisos que se habían concedido estaban ya caducados y también hubo que renovarlos.
Asimismo, al igual que otras propuestas que quedaron atrapadas en el limbo administrativo, también fue necesaria una revisión de costes, dado que, especialmente después de la pandemia, los precios de las materias primas –y, por tanto, los costes planteados por las empresas– habían aumentado considerablemente. De hecho, fue precisamente este gran incremento en las cuantías necesarias uno de los detonantes del acuerdo de financiación con la Xunta, que se hará cargo del 70% de la inversión de 14 millones de euros.
“Aquí, el tema importante era tener el dinero, y en los presupuestos de 2023 y de 2024 había dos partidas específicas para el saneamiento (...) y en este 2025, hace dos o tres plenos, se impulsó otra partida de 800.000 euros”, relata Díaz, explicando que una de las condiciones del convenio con la Xunta era garantizar que se dispone de los fondos necesarios para el proyecto. “El dinero está garantizado, al igual que la titularidad de los terrenos por donde pasa, que son privados y que no tienen a día de hoy ninguna construcción en su interior”, relata.
En cuanto a dichas parcelas, los dos ediles profundizaron en la necesidad de realizar expropiaciones, algo que en esta clase de proyectos suelen ser un punto de fricción con los vecinos. Y es que, como se trasladó durante la presentación de la propuesta –y que posteriormente se abordó con los residentes en un encuentro celebrado en el local social de Valón–, un total de 58 fincas se verán afectadas por los trabajos de la fase 1A.
“Como no ha habido alegaciones, lo que se va a hacer es una declaración de utilidad pública y urgente ocupación, así que no perderemos ni un minuto en hacer esa expropiación, que no es tal porque se trabajará en el subsuelo para que no haya ningún problema para pasar todas las canalizaciones”, explica el teniente de alcalde. En este sentido, tanto Javier Díaz como José Tomé detallan que uno de los motivos por los que se optó por esa fórmula, además de para acelerar el proceso, es porque muchos de los propietarios de los terrenos ni tan siquiera viven en España, por lo que localizarlos habría retrasado notablemente la licitación.
Como en cualquier intervención de este calado, la perspectiva de los residentes afectados siempre actúa como contrapartida de la administración responsable. En este caso, el diálogo con los ferrolanos se canalizó a través de la Agrupación de Veciños da Zona Rural. Así, el presidente de la entidad, Manuel Sendón, explica que se mostraron de acuerdo con el modelo de urgente ocupación “porque había un problema para encontrar a los propietarios”.
“Además, si tienes que realizar una expropiación valorada de mucha gente, es algo que puede llevar meses o incluso un año, así que entendemos que no queda más remedio que tomar esa opción, porque nosotros lo que queremos es que el saneamiento empiece cuanto antes”, afirma. En este sentido, el representante insiste en que, durante la presentación del proyecto, se le trasladó a los vecinos que en todos los casos se trataba de “fincas rústicas sin ninguna vivienda afectada” y que sus dueños podrían seguir explotándolas sin problema. “Paralizar el saneamiento después de tanto tiempo esperando no me parece correcto”, zanja el presidente.
