El palacio consistorial de Ferrol acogió esta mañana el pleno ordinario del mes de junio, una sesión marcada por la aprobación definitiva de las cuentas de la Empresa Mixta de Aguas (Emafesa), pero también en la que se abordaron temas de gran importancia para el municipio como el desarrollo de suelo industrial, el acceso a la educación o la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.
La sesión mensual, que se celebró en turno de mañana –a partir de las 10.00 horas, aunque con cierto retraso– arrancó abordando la cesión temporal y gratuita del edificio del Antiguo Psiquiátrico a la Asociación de pais de persoas con trastorno do espectro autista TEA da provincia da Coruña (Aspanaes) para desarrollar su labor hasta el año 2024. Tras la introducción de la propuesta por parte de la edila de Facenda, Susana Sanjurjo, se dio paso al turno de réplicas de los grupos de la oposición. De este modo, Jorge Suárez (FeC), Eva Martínez (PSOE) y Roberto Montero (BNG) expresaron sus respectivos apoyos a la iniciativa, aunque todos ellos, además de alabar la labor de esta entidad –y de otras del tejido asociativo de la ciudad–, lamentaron el escaso apoyo del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a estos colectivos, lo que hace fundamental el trabajo de estos entes.
El debate sobre las cuentas de Emafesa, uno de los momentos más tensos de la sesión, se estructuró en tres puntos –concretamente el 4, 5 y 9 del pleno–. En primer lugar, el grupo de gobierno dio cuenta de las alegaciones presentadas a las modificaciones de ordenanzas sobre el suministro de agua potable, el saneamiento y el servicio de tratamientos de residuos.
De este modo, Sanjurjo informó de que se recibieron tres recursos por parte de ciudadanos particulares, así como del grupo municipal del BNG –PSOE y FeC, como señalaron posteriormente sus ediles, rechazaron presentar alegaciones ante la certeza de que los concejales populares las rechazarían directamente–. En el primero de los casos, la edila de Facenda detalló que se desestimaron todas ellas dado que consistían en “propostas de tarifas sen xustificar”, porque no tenían en cuenta el déficit de la empresa y que, a las modificaciones del punto 8 de la ordenanza, les faltaba “concreción”.
Respecto a las alegaciones de los nacionalistas, Susana Sanjurjo no profundizó en las iniciativas concretas, pero detalló que el informe de las deudas realizado por Emafesa estaba elaborado por la propia empresa porque era lo que marcaba la Ley, además de subrayar que la tarifación de la depuración “non se toca” y que las medidas planteadas no dejaban de ser “reaxustes contables”.
El turno de réplica lo inició el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, que criticó que “os fitos máis importantes” del actual ejecutivo ferrolano eran la retirada de cámaras de tráfico para no multar a los infractores y la subida de los impuestos. Respecto al informe de la compañía Mixta, Suárez señaló que, si bien comprendía que la legislación obligaba a que lo hiciera la propia Emafesa, este partía de la parte privada. Asimismo, también defendió que se podían haber empleado otras fórmulas para solventar las deudas o haber alcanzado un acuerdo con Narón.
El portavoz del BNG, Iván Rivas, fue mucho más contundente en su intervención, acusando al Partido Popular de haber provocado el problema con la adjudicación en 2014 de la explotación de la depuradora a Emafesa y de buscar únicamente el beneficio de Socamex. Respecto al mencionado informe, Rivas insistió en que el gobierno local debía realizar un control del mismo, además de que la Ley de contratos en la que se apoyaba el ejecutivo municipal no hacía referencia a la prestación de servicios.
Por último, el portavoz nacionalista también cargó contra el argumento de que la subida no afectará a todo el mundo, afirmando que el Instituto Galego de Estatística estimaba el gasto medio de una familia en 16 metros cúbicos al mes y que ahora el límite de 20 en Ferrol pasará de ser mensual a bimestral.
Rafael Fernández (PSOE), por su parte, basó su argumento en que esta coyuntura no se habría dado si las cuentas hubiesen sido aprobadas en su momento, afeando al grupo de gobierno que votasen en contra en su momento de las mismas cuentas que ahora presentaban. Asimismo, el socialista señaló que se podrían haber explorado otras fórmulas, como hacer una auditoría de los sobrecostes del servicio; no demorar el proceso de reclamación del abono de la depuración a Narón o revisar y denunciar los convenios con el resto de concellos para que reflejen, por ejemplo, el incremento en el precio de la electricidad.
El turno de contrarréplica y la intervención final sirvió para reforzar los argumentos antes expuestos. Sanjurjo, por un lado, explicó, en respuesta a Rivas, que los beneficios de Emafesa, por la naturaleza de la empresa, eran de carácter público y que las subidas solo afectarían a las cuotas de carácter variable –además de reiterar que los recibos seguirían siendo bimestrales–. Por otro, la edila acusó al resto de concejales de no hacer “nada” durante los últimos ocho años, advirtiéndoles de las repercusiones de votar en contra de las cuentas.
Por su parte, Suárez –que llamó la atención a Susana Sanjurjo por su tono–, Rivas y en este caso Mato volvieron a insistir en sus respectivos puntos, censurando, en general, en que se trataba de una medida impuesta por la parte privada de Emafesa que afectaría en mayor o menor medida a la totalidad de la ciudadanía.
Así, la resolución de alegaciones salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno y el rechazo de la oposición.
El debate del siguiente punto, centrado en la liquidación de costes del servicio de depuración del concello de Narón correspondiente al último semestre de 2023, fue igual de tenso, aunque más breve. En este sentido, Sanjurjo expuso que se reclamarán 980.050 euros –impuestos incluidos–, celebrando que se esté llevando a pleno en junio, en comparación con ejercicios anteriores en los que estas reclamaciones podían tardar años.
Las respuestas del PSOE y FeC fueron las más comedidas, siendo los primeros favorables a la liquidación –aunque planteando Fernández Beceiro dudas sobre cómo afectaría al proceso judicial e insistiendo en que todos tenían su parte de responsabilidad sobre la actual coyuntura– y los segundos expresando su oposición, aun absteniéndose, dado que apostaban por una política más unitaria y consideraban que la vía judicial no era la más adecuada. El BNG, por otro lado, fue mucho más beligerante al respecto, acusando al gobierno local de actuar “como testaferros” de Socamex y de intentar “cubrir as costas” a la Xunta en este conflicto. A este respecto, Rivas insistió en que la cesión de la depuradora a Emafesa había tenido un objetivo electoralista y económico y que la aprobación de las cuentas no era más que “unha fuxida cara adiante”.
Tras un breve encontronazo entre Susana Sanjurjo y Ángel Mato al considerar la primera que los socialistas estaban “de guasa”, la liquidación salió adelante con los votos a favor del PSOE y el PP y la negativa del BNG y Ferrol en Común.
La aprobación de las cuentas, el punto 10 de la sesión, fue el momento más conflictivo de todo el debate, aun anunciando FeC y PSOE de antemano que las apoyarían “por coherencia”. Durante su exposición, Susana Sanjurjo se mostró especialmente crítica con los grupos de la oposición, acusando a Iván Rivas de estar en un “mundo paralelo”, a los anteriores gobiernos municipales de realizar “unha nefasta xestión” del servicio y, en el caso de los socialistas, de posicionarse como “víctimas” –afirmando que los ferrolanos demandaban soluciones, no lloros–.
De este modo, Jorge Suárez, que volvió a censurar el tono agresivo de Sanjurjo, reiteró que el Partido Popular había votado en contra de las cuentas reiteradamente cuando estaba en la oposición –planteando que, si en la comisión informativa habían señalando que las votarían ahora “por responsabilidade”, eso significaba que su negativa anterior era “irresponsable”–.
Iván Rivas, por otra parte, volvió a cargar contra el grupo de gobierno por la “herdanza de 2014”, aseverando que su objetivo era el beneficio de la parte privada u “eximir de responsabilidades á Xunta”. De igual modo, también enumeró problemas adicionales del servicio, como la lectura de contadores, la facturación libre, las estimaciones de consumo, que Emafesa no paga su canon a Augas de Galicia o que los costes de depuración estaban por encima de los reales.
Durante su turno de palabra, Ángel Mato afirmó que “sabía” que presentarían las mismas cuentas sin modificaciones, recordando que en agosto de 2022, el entonces portavoz de los populares y actual alcalde, José Manuel Rey, había afirmado que aprobar estas cuentas sin revisiones era “temerario e irresponsable”. En cualquier caso, Mato aseguró que no le iba “a botar en cara” la situación y que votaría a favor de las cuentas “por coherencia”.
Por último, tras un turno de replicas en las que tanto la edila como los portavoces de los grupos municipales reiteraron sus argumentos y acusaciones, las cuentas salieron adelante con los votos a favor del PP, PSOE y FeC y en contra del BNG.
Al margen del debate sobre el servicio del agua, en el pleno ordinario también se abordaron dos reconocimientos extrajudiciales de crédito –puntos 6 y 7–, que se votaron en conjunto sin un tira y afloja entre los grupos políticos, así como una modificación de crédito y otra del anexo de subvenciones nominativas.
La primera fue el cambio de partidas para sufragar otros proyectos en marcha y un sobrecoste de las fiestas patronales que generó una gran polémica durante la última semana. A este respecto, Susana Sanjurjo, que volvió a ser la encargada de defender esta medida, volvió a plantear los argumentos que se habían señalado desde el Concello en su momento, es decir, que los fondos provenían de un crédito bancario de 2021 con unas condiciones muy beneficiosas pero que vencía este mismo año y que, por ello, se emplearán los fondos para proyectos ya en ejecución para no perderlos –recordando, además, que algunas de las iniciativas, como la humanización de la plaza de Rosalía o el ascensor del aparcamiento del Cantón no contaban con un presupuesto suficiente y que otras ya estaban integradas en proyectos más grandes, como la Cidade do Deporte–.
Desde la oposición, por otra parte, se incidió especialmente en que la decisión derivaba de una “pésima gestión” por parte del grupo popular, incidiendo especialmente en el abono de sobrecostes de las fiestas apenas un mes después de aprobar los últimos presupuestos municipales, además de acusar al Concello de “enganar aos veciños” al prometer obras que ahora no se realizarían –pese a que Sanjurjo aseguró que ninguna se abandonaría y que se incluirían en las cuentas de 2025–. La modificación, de este modo, salió adelante con los votos a favor del gobierno municipal y en contra de la oposición.
Respecto a la segunda, al tratarse de una eventualidad que no se podía prever –la subvención iba dirigida al Baxi, para que pudiese jugar en la categoría europea–, el debate fue mucho más relajado. Mientras Jorge Suárez y Ángel Mato expresaron su apoyo a la propuesta y al equipo universitario femenino, el edil Roberto Montero anunció que su grupo se abstendría, dado que rechazaban la prevalencia de las subvenciones nominativas frente a aquellas de concurrencia competitiva –asegurando, de este modo, que el Concello ejercía “unha política caciquil”–. De este modo, la propuesta salió adelante con solo tres abstenciones.
Tras dar cuenta la concejala responsable del área de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, de las víctimas de violencia machista desde comienzos de año, llegó el turno de las mociones presentadas por los grupos de la oposición.
Por parte del PSOE de Ferrol se plantearon dos: una para instar a todas las administraciones a agilizar los trámites para el desarrollo de suelo industrial de Ferrol y que contó con el apoyo de todos los grupos menos del BNG –FeC apostaba por alejarse de regionalismos y advertía de que estos espacios no eran una solución en sí, mientras que el BNG no consideraba necesario este suelo al tiempo que echaba en falta información concreta que justificase la propuesta–; y otra para solicitar a la Xunta que financie el Centro de Investigación de la Industria Inteligente de Ferrol, que fue rechazada con los votos del PP –argumentaban que no se aceptó su propuesta de aunar todas las administraciones en el llamamiento y que el gobierno autonómico había apoyado ya mucho al municipio–.
El BNG, por su parte, presentó, con el respaldo de FeC y PSOE, ua propuesta para que se aceptase a los cuatro alumnos de Infantil por el momento no admitidos en el CEIP A Laxe –también rechazada por el gobierno local dado que el plazo de resolución finalizaba el próximo día 31 y, por tanto, aún no se sabía si los menores entrarían en la escuela–; y una segunda relativa al rescate de la AP-9 y su transferencia a Galicia. Esta última fue, a petición del grupo popular, votada por puntos –había dos–, dado que rechazaba las menciones a la Xunta en el segundo. De este modo, el primer apartado de la propuesta fue aprobado por unanimidad mientras que el segundo no salió adelante por los votos negativos populares.
Las dos últimas mociones, de un marcado carácter social, llegaron de la mano de Ferrol en Común. La primera propuesta, que gozó del apoyo total de la corporación, buscaba poner de manifiesto la problemática que supone la pornografía y, sobretodo, el fácil acceso a la misma por parte de menores, planteando campañas de concienciación y educación entre los jóvenes. La segunda, que también fue aprobada por unanimidad, planteaba la protección de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y su apoyo desde el Consistorio.