11º-18º
viernes | 19 abril | 2024
El president del Parlament, Roger Torrent, manifestó en el juicio del procés que ninguno de sus antecesores censuró las propuestas parlamentarias y que, por ese motivo, él hubiese actuado “exactamente” igual que la expresidenta Carme Forcadell,
En la primera sesión en que no pudieron comparecer por falta de tiempo todos los testigos citados –cinco de nueve–, Torrent, defendió la actuación de su antecesora en el cargo, acusada de rebelión, ya que está convencido de que “no podía hacer otra cosa que admitir a trámite las propuestas” de los grupos “sí o sí”.
De haberse encontrado en su misma situación, Torrent precisó que hubiese hecho lo mismo porque lo que se trató con las denominadas leyes de desconexión el 6 y 7 de septiembre de 2017 era de permitir que los ciudadanos de Cataluña pudiesen “decidir libremente su futuro” y espetó al tribunal: “Tengan presente que volveremos a votar”.
Sin efectos jurídicos
Pese a ello, el líder independentista reconoció que la Ley de Transitoriedad nunca fue efectiva, sino que pretendía buscar una “solución política”, buscar un espacio de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, crear un “espacio multilateral” en el ámbito de la Unión Europea y dar seguridad a los ciudadanos y de las instituciones catalanas.
Sin embargo, Torrent precisó que esta normativa “nunca” se hizo efectiva ni tuvo efectos jurídicos: “Se aprobó en el Parlament, pero más allá de ello no tuvo efectos jurídicos”. En su testifical, el presidente del Parlament apuntó a que que si los doce líderes soberanistas que se sientan en el banquillo en el Supremo están acusados de haber organizado un referéndum o de haberse manifestado, deberían ser miles de catalanes los acusados: “y yo el primero” sentenció el presidente del Parlamento.
Torrent se mostró “convencido de que el conflicto político entre Cataluña y el Estado” se resuelve únicamente “mediante un referéndum” y admitió que él acudió a votar el 1 de octubre de 2017.
La voluntad de los ciudadanos
A su juicio, las leyes aprobadas en el turbulento pleno que se celebró el 6 y 7 de septiembre, y después suspendidas por el Tribunal Constitucional, “emanaban de la voluntad mayoritaria de diputados de la Cámara” y tenían como “finalidad” que “los ciudadanos de Cataluña, tal y como piden masivamente, puedan decidir libremente su futuro”.
Un planteamiento “que no ha cambiado y no va a cambiar”: “Por mucho que se juzgue aquí a estos hombres y mujeres demócratas no vamos a cambiar”.
“No vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria de decidir nuestro futuro”, zanjó.
