La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó que el impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas se diseñó en un momento “extraordinario” y puede que ahora “no reúna los requisitos” para ser permanente y aboga por su reforma.
“Ya no se trata de una solución puntual, sino de algo que está pensado para que dure más en el tiempo”, indicó Ribera en la Cadena SER. Sus palabras se alinean con las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien confirmó que se está trabajando en el “rediseño” del tributo.
Eso sí, la ministra aseveró que en ningún momento ha oído a nadie decir que el impuesto se vaya a suprimir. “No he hablado de quitar nada, he hablado de hacer las cosas bien”, matizó.
El impuesto vigente grava con el 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros, excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares. El acuerdo entre PSOE y Sumar para formar Gobierno recogía la prórroga del gravamen extraordinario para empresas energéticas y la banca, con vigencia para este año y el siguiente.
La vicepresidenta defendió que hay que estudiar como acoplar un impuesto que fue diseñado tomando como referencia los beneficios extraordinarios de estas empresas en un momento en el que aumentaron considerablemente por la subida de los precios energéticos.
Además, apuntó Ribera, también hay que meter en la ecuación la transformación del sistema energético y la transición energética, que necesitará de una inversión “masiva” en los próximos años en redes, electrificación, eficiencia o energías renovables.
“Creo que nuestro compromiso es ser equitativos en cuanto a que quien tenga más pueda aportar más y asegurar el objetivo de política económica, ecológica y social clave, que es que se dedique una parte de los recursos del sector privado a facilitar esa transición”, apostilló.
Otro asunto sobre el que se pronunció la vicepresidenta es sobre si el Gobierno va a prorrogar las ayudas energéticas que se aprobaron en el último año en los decretos anticrisis para abaratar la factura energética, como es el caso del IVA de la luz.
Al respecto, la ministra dijo que su departamento y el resto del Ejecutivo trabajan en ver cuáles son las medidas de protección de los consumidores que conviene prorrogar y cuáles no. Entre estas ayudas están la rebaja del IVA del recibo de la luz del 10% al 5% aplicado a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios y la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad.
“Algunas han perdido sentido y otras hay que mantenerlas y hay que ver en qué condiciones. En los próximos días y semanas se verá cual es la decisión de este Gobierno”, zanjó Ribera.