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jueves | 25 abril | 2024
La ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, señaló declaró hoy que España aboga por encontrar un "equilibrio" entre la descarbonización en el transporte y la competitividad industrial en lo que respecta a la controvertida normativa sobre vehículos Euro 7.
"Es un expediente que estamos trabajando con el Ministerio de Industria y con el de Transición Ecológica y creo que lo más sensato es encontrar ese equilibrio entre esa necesario consecución de los objetivos (de descarbonización) pero hacerlo de una manera que no afecte negativamente a la competitividad", dijo Sánchez.
La ministra respondió así a preguntas de EFE a su llegada a un consejo de ministros de Transporte de la UE celebrado en Luxemburgo en el que ocho países han pedido incluir el tema en la agenda, de manera informal y a puerta cerrada.
Ese bloque de Estados (Italia, Francia, Polonia, Bulgaria, República checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia) se opone a la propuesta de la Comisión Europea para endurecer los estándares mínimos, extremo que tampoco gusta a la industria de la automoción, que considera que requiere inversiones y trabas burocráticas para una reglamentación que caducará en 2035.
La Asociación de Constructores de Automóviles Europeos (ACEA) estima que la implementación de la normativa "Euro 7" planteada por la Comisión Europea costará entre cuatro y diez veces más caro de lo que proyecta el Ejecutivo comunitario y encarecerá unos 2.000 euros cada coche o furgoneta con motor de combustión.
En concreto, los costes se dispararán de media en 2.629 euros para los coches diésel y 1.862 euros para los de gasolina, según un estudio de la consultora Frontier Economics difundido por ACEA la pasada semana.
Con la euro 7, el Ejecutivo comunitario pretende introducir estándares de CO2 y partículas finas más estrictos entre 2025 y 2035, fecha en la que no se podrán vender en la UE coches nuevos que emitan dióxido de carbono, y reducir también los contaminantes que desprenden los frenos y las ruedas, extremo que se endurecería en futuras revisiones de la normativa una vez que sólo se puedan vender coches que no generen CO2.
"Tenemos esa posición favorable, pero tenemos que analizar los matices que puedan hacer compatible la aprobación de la Euro 7 con una situación que no nos reste competitivad como país", añadió la ministra española.
Sánchez insistió en que buscará una posición que "equilibre ese necesario compromiso por esa movilidad que debe de ser más sostenible", pero teniendo en cuenta al "sector de la industria de la automoción, que en nuestro país tiene un peso muy importante".
Para que se apruebe la Euro 7, los Veintisiete deben acordar una posición conjunta al igual que el Parlamento, para enfilar una negociación final entre ambas instituciones, con ayuda de la Comisión Europea, que podría coincidir con la presidencia española del Consejo de la UE, que arranca el próximo 1 de julio.
