Propietarios de terrenos en el parque natural de As Fragas do Eume se han movilizado este jueves en Pontedeume (A Coruña) con el respaldo de todos los alcaldes de la comarca eumesa, pertenecientes al PSOE, en protesta por la aprobación del Plan Rector para el espacio protegido, para el que piden su paralización.

La movilización se convocó tras la ratificación el pasado mes de marzo del documento de Usos y Gestión para la zona y ayuntamientos como el de As Pontes (A Coruña) ofrecieron un servicio de transporte para acudir a la cita reivindicativa, que ha provocado retenciones de tráfico en el acceso a la villa eumesa.

Así, el alcalde pontés y secretario general del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, ha asistido al evento junto a sus homólogos de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro; Cabanas, Carlos Ladra, y A Capela, Manuel Meizoso, además del teniente de alcalde de Monfero, Andrés Feal.

El colectivo de propietarios considera que el plan ha salido adelante de modo unilateral y ha reclamado más consenso a la Xunta de Galicia a través de un proceso de diálogo tanto con sus integrantes como con vecinos de la zona en torno a restricciones para diferentes actividades o indemnizaciones por esas limitaciones.

Su portavoz, Ángeles Pita, ha valorado que la Administración contempla compensaciones únicamente en los dos primeros años de aplicación de la iniciativa, pero ha incidido en que no hay previsión a medio y largo plazo para entornos como la zona de reserva del parque, de unas 400 hectáreas, y el de uso limitado, de más de 3.000 hectáreas.

González Formoso ha declarado que la propuesta para ampliar la superficie pública con la compra de parcelas, para la que la Xunta ha anunciado recientemente un desembolso de más de un millón de euros, es una "tomadura de pelo" y ha instado a que los afectados "se sientan cómodos" ante los requerimientos de protección.

En un comunicado, el PSOE provincial de A Coruña ha pedido al Gobierno autonómico un documento de "gestión consensuado y justo" y ha mostrado su apoyo a las "reivindicaciones de los vecinos y propietarios de los terrenos afectados".

A su juicio, el Ejecutivo gallego ha presentado el proyecto "sin consenso ni diálogo, sin dar respuesta a muchas de las alegaciones y sin ofrecer compensaciones justas por las limitaciones que supone para los usos de las tierras".

De este modo, ha coincidido en la necesidad de la "retirada cautelar" en aras del "consenso" y de que haya "compensaciones adecuadas para los propietarios de las tierras" por considerar "insuficientes las previstas actualmente".