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jueves | 25 abril | 2024
El bipartito naronés –TEGA y PSOE– junto al BNG aprobaron hoy en el pleno de final de mes una moción conjunta de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular que busca salvar y fortalecer la atención primaria y la manifestación prevista –por esta misma causa– para el próximo 12 de febrero en Santiago de Compostela.
Los grupos denunciaron en sus intervenciones la situación por la que atraviesa este servicio en Galicia y urgieron soluciones para evitar “unha situación irreversible”. Aludieron, asimismo, a las quejas de la vecindad sobre la masificación y la tardanza en las consultas, el colapso en urgencias o la falta de personal; criticando la falta de medidas por parte del PP “para frear o desmantelamento do servizo”.
Con la aprobación de dicha moción, las formaciones políticas se comprometen a apoyar la recogida de firmas impulsada por la plataforma SOS Sanidade Pública, además de hacer un llamamiento a los vecinos y vecinas del municipio para que tomen parte de la manifestación en la capital gallega.
En otro orden de cosas, se aprobó durante la sesión la inclusión de nueve fincas expropiadas y una vivienda al inventario municipal de bienes, con una superficie conjunta de unos 1.300 m².
Se destinarán al proyecto de urbanización parcial de las calles Cataluña, Celso Emilio Ferreiro y de nueva apertura A. Alvajar y M. Araújo. Desde el Consistorio indican que los trámites realizados permiten “avanzar nesta actuación, que mellorará a interconexión da cidade, na que se rexistra unha elevada densidade de tráfico”. Supondrá una inversión que ronda los 255.000 euros.
Mientras, también salió adelante la declaración de especial interés y utilidad municipal de las obras de instalación de dos ascensores en el CPI do Feal –como respuesta a una solicitud de licencia presentada por la Xunta–.
En el apartado de mociones, se aprobó la presentada por el BNG sobre la reprobación pública a la Sareb por el “trato abusivo e coactivo” hacia los vecinos de las viviendas de la Praza do Asilo. “O Concello comprométese a reclamarlle ao Goberno central que actúe ante este tipo de prácticas coactivas dunha sociedade de participación pública”.
