Las posibles “desviaciones” de las sendas fiscales pactadas por Bruselas derivarán en la apertura de un expediente por déficit excesivo y, en última instancia, en la imposición de multas por incumplimiento, que Bruselas ha modificado para que sean más automáticas y realistas, puesto que en los veinte años del Pacto nunca se han llegado a aplicar. De esta forma, la nueva redacción prevé cada seis meses sanciones equivalentes al 0,05 % del PIB que se irán acumulando hasta un máximo del 0,5% del PIB hasta que el país afectado demuestre que ha adoptado “medidas efectivas” para embridar sus cuentas públicas. La intención de los propios gobiernos europeos es negociar las propuestas legislativas en los próximos meses y lograr un acuerdo antes de que acabe el año para que el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento pueda entrar en vigor ya en 2024. Es que nadie se fía de nadie ante la avalancha de incumplimientos por falta de previsión en el gasto de los fondos.