España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En ese marco hemos de desenvolvernos individual y colectivamente, como personas físicas o jurídicas, como autónomos o como empresas, sea cual fuere la forma de ser o de pensar, edad o condición. Y sabemos que a los poderes públicos corresponde asumir una posición activa con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. El recuerdo precedente no es baladí. Conviene recurrir a él, pues dibuja un escenario donde todo tiende a confundirse: Estado con Gobierno; poder Ejecutivo con Legislativo y Judicial; democracia con algo semejante a un insultante cesarismo de tono populista, verdad con fake news; información con propaganda; rival u opositor con enemigo; competitividad con subvención; regulación con intervencionismo; y el paisaje democrático se diluye entre la maleza mientras los informativos recuerdan al NODO.