El colectivo Stop Desahucios de Ferrol realizó ayer una protesta frente a los Juzgados de la ciudad naval para denunciar un “fraude de Ley” por parte de entidades bancarias para evitar el Código de Buenas Prácticas, también conocido como el Código Guindos, que ofrece una serie de beneficios a familias en situación de vulnerabilidad para evitar que pierdan su hogar en caso de impago.

Según afirmó el letrado vasco José María Erauskin, colaborador de este y otros colectivos similares por toda España –y que estaba representando ese mismo día a un cliente de una entidad bancaria que se enfrenta a un desahucio–, los bancos se estarían aprovechando de una laguna legal para evitar que sus clientes se beneficien del mencionado Código. Así, el abogado explicó que esta normativa parte de 2012, cuando el Gobierno del Partido Popular aprobó, “ante la avalancha de desahucios”, un Real Decreto en el que se establecían una serie de beneficios –como una carencia de cinco años o una reestructuración de la deuda– para aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no pudieran afrontar el pago de un préstamo hipotecario.

Dado que los bancos son entidades privadas, apuntó, se trataba de un normativa “voluntaria” a la que todas las compañías se adhirieron y que las obligaba a informar directamente al cliente de estos beneficios en cuanto se produjese el primer impago. El problema, aseveró, es que muchos bancos no solo no informaron de esto a sus clientes, sino que además en el momento en el que se produce dicho impago le “pasa” esa deuda a un fondo de inversión –que, según afirmó, en la mayoría de los casos forma parte de la propia entidad, aunque es jurídicamente independiente–, quien no estaría adherido a dicho Código de Buenas Prácticas.

De esta forma, explicó Erauskin, no se puede acusar al banco de saltarse la legalidad y, por tanto, al llegar el caso al Juzgado el magistrado que instruye el caso no puede hacer nada, al verse limitado a la existencia de potenciales cláusulas abusivas. De hecho, el letrado aseveró que también se trasladó esta problemática al Defensor del Pueblo, que también reconoció verse incapaz de intervenir al tratarse de empresas privadas.

Por último, el abogado donostiarra apuntó que durante todo este proceso también podía darse un segundo fraude de Ley, dado que, en caso de judicializarse una deuda, los clientes tienen el derecho de solicitar información sobre la venta de la misma al fondo de inversión y, en un período de nueve días, de recomprarla al mismo precio al que fue vendida. Sin embargo, apuntó el letrado, las entidades bancarias les comunican a los clientes que al haber sido vendida en un paquete “a una cantidad alzada” no se puede saber su precio y, por ello, no puede ser recomprada, privándole así de su derecho.