cuando Casado y su equipo se frotaban las manos por los datos de las últimas encuestas y el coste político que pagará el Partido Socialista por conceder el indulto a los condenados del ‘procés’, los casos de corrupción del pasado reciente del PP vuelven como fantasmas sin condena.

Otra vez, el dirigente popular escapa de los periodistas que, lejos de preguntarle por el acto de la plaza de Colón, donde los partidos de centro-derecha van a protestar por el trato de favor a Junqueras y compañía, se empeñan en saber su opinión por la imputación de su antigua mentora y compañera, María Dolores de Cospedal.

Es como si la actual dirección de Génova, tan ufana en su balcón tras el brillante resultado en Madrid, no tuviera un momento de tregua. Cuando no es una es otro quien vuelve a poner de actualidad la dudosa financiación del partido, los sobresueldos, la contabilidad paralela y tanto secretos que Bárcenas guardaba en sus papeles. Tanto miedo le tenían que no dudaron en recurrir a Villarejo para montar un operativo y sustraerle las pruebas incriminatorias que guardaba. Incluso Cospedal tuvo que justificar (malamente, por cierto) que se le pagará al extesorero una “indemnización en diferido”.

No ha sido sin embargo Bárcenas, al que ha tratado con absoluto despreció cada vez que se han visto las caras en los tribunales, quien le ha llevado a la imputación. Han sido las cintas grabadas por Villarejo con los encargos que le hacía.

¿Cómo va a poder explicar Casado porqué la Secretaría general de su partido era un órgano colegiado de Cospedal y su marido? Por si fuera poco, el Gobierno y sus socios pretenden prolongar sine die la comisión de investigación parlamentaria a donde acudió Cospedal esta semana acompañada de los diputados del PP, en una cita fallida.

Confían en Génova en que la exsecretaria sea desimputada en un tiempo prudencial y han “retorcido” los estatutos que fijan la conducta de los militantes para no tener que abrirle un expediente disciplinario. Después de todo, Pablo Casado le debe el cargo que ahora ocupa.

Y, como si la “operación Kitchen” no fuera suficiente, aparece de nuevo un viejo conocido de la peor etapa del PP: Eduardo Zaplana. Parece que los investigadores de las diversas causas abiertas contra él han encontrado en Andorra una cuenta corriente, donde un supuesto testaferro ingresó más de seis millones de euros de las “mordidas” en la concesión de licencias cuando presidía la Generalitat valenciana. Otra vez el pasado que vuelve.

Como vuelven las mesas petitorias, ahora contra los indultos, como antes lo fueron contra la reforma del Estatuto de Cataluña, origen del incremento del fervor independentista en la ciudadanía catalana.

Mientras, Pedro Sánchez, cita en la Moncloa al President Pere Aragonès, en un nuevo intento de desbloquear la situación, como si este último tuviera las manos libres o hubiera renunciado a la autodeterminación y la amnistía para los dirigentes, todavía presos. Como si Junqueras, o incluso Puigdemont, le fueran a dejar renunciar a los principios. Pero en Moncloa saben que hay que agotar la legislatura, que ahora es mal momento para ir a las urnas. Cada loco con su tema.