Aunque en cuestiones judiciales nunca hay que tenerlas todas consigo, por lo que pueda pasar, que el Tribunal Supremo le iba a dar la razón a la Xunta en su reclamación de los 200 millones del IVA de 2017 que el Gobierno decidió quedarse era poco menos que un secreto a voces. Ni cuestión administrativa ni enredo político ni nada, el dinero le corresponde a Galicia y no hay argumento por parte de la ministra de Hacienda que valga. Qué mal calculó el Consejo de Ministros en su momento las consecuencias de no ajustar correctamente ese mes de IVA que no se sabe muy bien cómo las comunidades se encontraron con que habían perdido en favor de las arcas del Estado. La cascada de recursos se convierte ahora en cascada de fallos en contra del Ejecutivo y en una cuenta muy alta que tendrá que saldar. Y que no apelen a la solidaridad en los malos tiempos, es nuestro dinero y lo queremos de vuelta.