A punto de cumplirse el plazo fijado por el Gobierno español para la inmediata convocatoria de unas elecciones libres. Previamente sindicado con los principales gobiernos de la UE, el presidente venezolano de facto, Nicolás Maduro, se encierra tras las almenas de la Administración, el partido chavista y la cúpula militar, con el apoyo exterior de sus acreedores (China y Rusia).
Enfrente tiene la resistencia popular, la legitimidad depositada en la Asamblea que preside el opositor Juan Guaidó (presidente interino del país) y un creciente clamor internacional concretado en la presión de las principales cancillerías democráticas, que se suma a la formidable maquinaria económica y eventualmente militar de los EE UU.
No se vislumbran resultados positivos respecto al ultimátum verbalizado por Pedro Sánchez. Lo más que concede Maduro es la posibilidad de unas elecciones legislativas para acabar con la doble legitimidad ahora depositada, por un lado, en la Asamblea Nacional (Guaidó), de mayoría opositora, y, por el otro, en una sobrevenida asamblea nacional “constituyente” a la medida del chavismo.
Pero nada de elecciones presidenciales, que justamente servirían para remover (o confirmar, en su caso) al sucesor de Hugo Chávez. De eso se trata, de dar la palabra al pueblo para decidir libremente, con supervisión internacional, si quiere cambiar de presidente o seguir gobernados por el hombre en cuyo mandato se multiplicaron las desgracias: represión, desabastecimiento, inestabilidad, pobreza, inflación, violencia, caos administrativo, ruina económica y desbandada migratoria (tres millones de venezolanos han salido ya del país).
Las espadas están en alto. Y mientras esperamos acontecimientos de cara al próximo fin de semana, cuando se cumple el ultimátun para reconocer a Guaidó si antes no se convocan unas elecciones “limpias”, vale la pena dedicar un turno a la derivada española del conflicto.
La naturalidad con la que Guaidó y otros políticos venezolanos agradecen el apoyo de la España democrática contrasta con las desapacibles críticas que los líderes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, han dirigido contra el presidente del Gobierno. Lo acusan de dar oxígeno a Maduro. Entienden que los ocho días de margen para que este dictador haga lo que le está pidiendo el mundo civilizado es echarle un cable.
Son injustas estas pedradas porque emiten la falsa señal de que PSOE, PP y Cs discrepan sobre la continuidad de Maduro. Falso de toda falsedad. Es el dichoso plazo de los ocho días lo que marca la diferencia entre ellos. No la motivación, que es idéntica: dar la palabra al pueblo venezolano, evitar una guerra civil y apostar por una pronta restitución de las libertades en Venezuela.