El ministro Borrell vive de rentas. Dicho sea sin mala intención. De rentas políticas. Las económicas tampoco son pequeñas, pues de hacer caso a las declaraciones de bienes patrimoniales  publicadas en el BOE, es con diferencia el miembro del Gobierno con mayores activos en su haber. 

Las que, no obstante, aquí y ahora interesan son las otras; las que este ingeniero aeronáutico, doctor en Ciencias Económicas y catedrático hoy en excedencia, ha acumulado a lo largo de los servicios públicos prestados a partir de su incorporación a la primera línea del Partido Socialista: desde concejal de Ayuntamiento a presidente del Parlamento Europeo. 

En todos ellos ha dejado una imagen de solvencia y cierta brillantez. Sin ir muy lejos, mucho  le debe la ciudad de A Coruña por las inversiones en infraestructuras urbanas que en conexión con el alcalde Vázquez promovió desde el Ministerio de Obras Públicas y que, por supuesto, pagó.

Hace unos meses Pedro Sánchez se lo llevó al Gobierno de la moción de censura a modo de ministro pantalla. Debelador como había sido de soflamas soberanistas al estilo del “España nos roba”, Borrell venía bien para sugerir que ser catalán e independentista no estaba necesariamente asociado. Pero nada más. Y le mandó a Exteriores, mientras que la política autonómica y territorial la dejaba en manos del PSC (Meritxell Batet), mucho más proclive a entenderse con los golpistas.

Ahora, por haber vendido acciones de una empresa de la que era consejero y haberlo hecho en la víspera del preconcurso de acreedores de la compañía en cuestión, disponiendo, pues, de información privilegiada, ha sido condenado por la CNMV a pagar una multa de 30.000 euros. Infracción “muy grave” de acuerdo con lo establecido por  ley y, en todo caso, de mucho más alcance que la que, sin haber cometido irregularidad alguna, llevó al ministro de Industria del PP José Manuel Soria a dimitir.  

Borrell, sin embargo, continúa  al frente del Palacio de Santa Cruz. Dicen, aunque no parece, que habría presentado su dimisión al presidente del Gobierno y que éste no se la habría aceptado. Tal vez Pedro Sánchez no haya querido desestabilizar aún más a un Gobierno que ya tiene a más que suficientes ministros tocados. 

Lo cierto es que quizás por las rentas políticas acumuladas a lo largo de una dilatada vida al servicio de los intereses públicos, su conducta no ha suscitado el reproche social que otros casos han merecido. Algo habrán tenido que ver en ello las explicaciones por él dadas y también  –creo– la distinta vara de medir que la mayoría del sistema mediático aplica según la militancia partidista de quien se trate. 

Queda por solventar, no obstante, el reproche político.  No ya por infracciones muy graves, sino incluso –siendo benévolos–por resbalones o deslices de mucha menor relevancia, aquí y allá torres más altas han caído.