El cuponazo

Cuando José María Aznar ganó las elecciones del 96 sin la mayoría absoluta precisa para asegurarse la investidura hubo de cerrar los consiguientes acuerdos  con los nacionalismos catalán y vasco. Y si el suscrito con Jordi Pujol –el pacto del Majestic– no fue fácil, pero pareció desde el principio factible, el habido con el Partido Nacionalista Vasco  sorprendió a propios y extraños, hasta el punto de que Xabier Arzalluz, pletórico de satisfacción,  bien pudo decir aquello de que “en catorce días conseguí más con Aznar que en trece años con Felipe González”.
Esta semana, como se sabe, el PNV y el Gobierno llegaron a un acuerdo para superar el primer gran obstáculo  de los Presupuestos Generales del Estado. No sé si al primero le habrá maravillado  tanto este de ahora como el convenido hace veintiún años. Pero es cierto que ha dejado un tanto atónitos al resto del arco parlamentario y a la propia opinión pública.
Se trata, en efecto, de un pacto millonario y plurifacético. Magnífico para el que lo recibe –el Gobierno vasco–, pero harto gravoso para el que lo paga: el resto de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. El PNV ha dado un oxígeno precioso a Rajoy, pero se lo ha cobrado a buen precio. A un precio demasiado alto. Tal vez el más sustancioso de cuantos ha concertado –y no han sido pocos– con el Gobierno central de turno.
 Cabría consuelo pensando que el apoyo a las cuentas públicas supone también un respaldo a la continuidad de la legislatura y a la estabilidad política. Pero no. Se trata de un amparo puntual que en nada condicionará  otras  coyunturas.  Tal vez a corto plazo el PNV no se atreverá a alinearse con la oposición más montaraz. Pero ya se las arreglará para desmarcarse como y cuando le convenga. Amistades, las justas.
El caso es especialmente sangrante por cuanto Euskadi  ya parte de una situación de privilegio y de superfinanciación no tanto en virtud del sistema de concierto económico que la Constitución le reconoce, cuanto del célebre cupo, que es la cantidad que aquella abona al Gobierno central por los servicios no transferidos que allí costea el Estado. Un cupo que se negocia políticamente y que si siempre ha venido resultando llevadero  para las arcas forales, en esta ocasión lo será enormemente más. Resulta tópico decirlo, pero así es: el cupo se ha convertido en cuponazo. 
Lo grave es que la preceptiva actualización del cupo se tendría que haber materializado mucho antes. En realidad llevaba parada desde 2011. Y han tenido que llegar los Presupuestos de 2017 para desbloquear lo que tendría que haber sido una negociación técnica, con normalidad y tranquilidad y no el fruto de una urgencia. Se ha pactado por necesidad y, por tanto, con debilidad por parte del necesitado.