El Gobierno ha decidido poner en marcha algunas de las medidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado de Mariano Rajoy como la subida de los salarios de los funcionarios. Y, por otro lado, quiere cargarse las partes fundamentales de la reforma laboral, que lograron frenar la sangría del desempleo. Además, ha decidido seguir con la política de subir las pensiones con el IPC como referencia, el SMI un 22 por ciento y las bases máximas de cotización un 7 por ciento. Ya han advertido los empresarios que solo esta medida les supondrá el desembolso de 1.500 millones de euros. Así que estas dos últimas decisiones supondrán una caída de la contratación, que habrá que sumar a la que ya se han detectado los dos últimos meses. La desconfianza ha vuelto a la economía y no sólo entre los empresarios, sino también entre los inversores y los consumidores.

El martes, en el Senado, el presidente del Gobierno volvió a contarnos lo que se propuso con la moción de censura y lo que han puesto en marcha en estos seis meses desde entonces. Sánchez volvió a contar otra vez las mismas medidas que dice haber tomado, pero que en realidad solo están aprobadas en Consejo de Ministros y no ratificadas por el Congreso de los Diputados. De nuevo, los anuncios y la campaña electoral desde las cámaras de representantes. Hay que decir que, incluso las que sí ha adoptado ya, son prácticamente todas las que ya estaban decididas y aprobadas por Rajoy. Y hay que señalar las que, las que son de cosecha propia, solo van a ahondar en la desaceleración de la economía y del empleo.

Más cotizaciones, más impuestos y más trabas no es el camino para que España frene el deterioro que ya se observan en la mayoría de los indicadores y menos aún la desconfianza de los inversores que ya se ve en la bolsa desde hace meses o de los consumidores a través de las ventas en el comercio o la de automóviles. Una vez más, las políticas y los anuncios de un presidente socialista, este encima con 84 diputados y socios impresentables, nos llevan por mal camino. Y, por si fuera poco, no escucha ni a los organismos internacionales, ni a la Airef, ni al Banco de España, ni a los expertos nacionales.