El pacto de gobierno entre el PP y C´s para la Comunidad de Madrid incluye entre uno de sus más importantes puntos la regulación de los lobbies. Un tema complejo, difícil, pero que ya va siendo hora de que se regule convenientemente desde la transparencia. En Europa recientemente se han tomado algunas medidas que bien podrían ilustrar a quienes asuman tal relevante tarea. El Colegio de Comisarios de la UE, tras el escándalo de las “bonificaciones fiscales” que Luxemburgo obsequió a varias multinacionales, no tuvo tenido más remedio, siendo quien es su actual Presidente, que modificar a fines del año pasado  una praxis de oscuridad sin precedentes. En efecto, a partir de ahora los Comisarios, miembros de sus gabinetes y los Directores generales de la Comisión Europea habrán de publicar su agenda de trabajo. Algo que se venía reclamando desde hace tiempo.
Es bien sabido que una de las causas del llamado déficit democrático de la Unión Europea se encuentra en la opacidad  con que tantas veces se dirimen los concursos y las adjudicaciones públicas en el seno de la burocracia comunitaria. A pesar del número de normas,  libros verdes,  blancos y de los esfuerzos de numerosas Autoridades de la Unión en diferentes etapas, la verdad es que todavía la transparencia no era, ni es todavía, un término que identifique el ambiente de trabajo en la Comisión Europea.
Hasta no hace mucho, ante las reiteradas peticiones del Defensor del Pueblo Europeo sobre los nombres de los miembros de los lobbies que trataban habitualmente con la tecnoestructura comunitaria, la Comisión se permitía el lujo de señalar que no podía facilitar dichas identidades porque tal cosa atentaría contra la privacidad de dichas personas y porque, de esa manera, estaría conculcando las normas sobre  protección de datos. Cómo si resultara ahora que la protección de los datos, que es muy importante por supuesto, adquiera una relevancia absoluta.
La argumentación de la Comisión por aquel entonces era inaceptable, digna de reflexión profunda. Admitía, solo faltaría, la existencia de lobbies, grupos de presión, que trabajan ante las Autoridades europeas. En un Estado de Derecho, en un Estado en el que la Administración pública está al servicio objetivo del interés general, lo razonable es que la ciudadanía pueda conocer los actores que participan en la elaboración de las normas y si existen o no tratos de favor a determinados colectivos o grupos de presión. Ocultar la identidad de los miembros de los lobbies o grupos de presión es una mala práctica. Primero porque quien oculta algo es normalmente porque no le beneficia la luz, porque existe algo invisible o inconfesable para el común de los mortales. Y, segundo, porque la transparencia hoy, en el siglo XXI, es la característica, la señal de identidad más relevante por la que se debería conocer a la Administración pública democrática.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo. @jrodriguezarana