EN SOCORRO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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Una de las más señaladas  quejas de alcaldes y  altos funcionarios que se mueven en el ámbito de la Administración local es que siendo ésta la que mejor cumple y la que es responsable de tan sólo el  4,6 por ciento de la deuda pública resulta luego la peor tratada.
Unos y otros se preguntan, en efecto, por qué no se les aplican también a las comunidades autónomas los controles sobre costes de los servicios prestados o por qué no se apremia a algunas a fusionarse con otras, tal como la reforma local pretende establecer para los Ayuntamientos con problemas. No entienden, en definitiva, que se establezcan remedios dispares para situaciones si no iguales, sí paralelas.
El déficit a la carta acordado hace un par de semanas para las comunidades autónomas ha venido a incrementar esta sensación de discriminación más que positiva en favor de éstas. Porque es que, en realidad, ello se ha llevado por delante nada más y nada menos que una de las medidas estrella aprobadas por el Gobierno del PP en la primera mitad de 2012, cual es la ley de Estabilidad presupuestaria.  
Las penas del infierno con que en ella se amenazaba a las comunidades incumplidoras han quedado en nada. De la posible intervención de las Administraciones territoriales se ha pasado a incrementar los objetivos de déficit. Poco más de un año, pues, ha durado en la práctica la aplicación de  dicha ley.
En realidad, esta flexibilidad o reparto asimétrico de los objetivos de déficit acordada para los gobiernos regionales ha satisfecho a muy pocos. Por no gustar no ha gustado ni a alguno de los mayormente beneficiados, como Cataluña, que hubiera querido más, amén de haber abierto una nueva brecha entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular, con Madrid a la cabeza de la disconformidad.
No le falta, sin embargo,  razón al ministro Montoro cuando dice que el tener en cuenta la situación presupuestaria y financiera de cada comunidad no es premiar a las que lo han hecho peor durante estos últimos años y perjudicar a las que lo han hecho mejor, sino considerar la realidad heterogénea de la situación de partida de cada comunidad para fijar unos objetivos de estabilidad que sean realistas y alcanzables a la vez que exigentes.
Si bien se trata de una medida excepcional, exclusiva para el presente ejercicio de 2013, constituye sin duda un peligroso precedente. Porque por mucho que se diga que al año que viene se restablecerá el objetivo único y uniforme de déficit para todas las comunidades, ¿quién puede garantizar que  será así? No es de extrañar, pues, que alguna comunidad como Madrid ya haya adelantado que, de nuevos esfuerzos y recortes, los justos.

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