en los años 80 se hizo muy popular la figura del Cobrador del Frac, unos personajes extravagantes que, vestidos de frac y maletín en la mano, recorrían ciudades y pueblos buscando a empresas y particulares deudores.   
Traigo a colación a aquellos individuos a propósito de la deuda del Estado con Galicia que incomprensiblemente retiene el Gobierno de España. Yo no sé si la “unanimidad indignada” que refleja la información de los medios, la opinión de economistas y de analistas solventes y de los políticos gallegos (excepto el secretario de los socialistas) serán capaces de mover la mano de la ministra para que abra la caja y pague la deuda.
Pero, viendo su persistencia en “el error del ninguneo” conviene mantener la justificada desconfianza galaica, esta vez impregnada de una dosis de retranca y de un toque de humor que, si  no sirve para recuperar el dinero al menos relaja los ánimos, que no es poco.  
Por eso, yo recomiendo a los servicios técnicos y jurídicos de la Xunta que, en lugar de proceder por la vía judicial, lenta y costosa, contraten al Cobrador del Frac. Imaginen la escena: un  personaje atrabiliario delante del ministerio -y de la ministra- ataviado con toda la parafernalia para denunciar que “la deuda existe”. Puede ocurrir que esto no garantice el cobro, pero su éxito como operación mediática está asegurado y contará con el respaldo popular. 
Bromas aparte, es verdad que el problema fue causado por Cristóbal Montoro, pero eso no justifica escudarse en el ex ministro para no pagar y menos que su sucesora invente una especie de “prescripción”. El dinero recaudado aquí no tiene color, no es de derechas o de izquierdas, progresista o conservador. Pero sí tiene destino: debe volver a Galicia para hacer frente a los servicios que demandan los gallegos. 
Por eso, quienes respaldaron la investidura (PSOE, BNG y Podemos) deben dar un toque de atención al Gobierno. Sobre la deuda de los 370 millones y también sobre la indignación que provoca la tardanza del estatuto electrointensivo que irrita a los trabajadores y familias afectadas y es impropia de un “gobierno de progreso”. 
Volviendo a la “brincadeira”, los cobradores del frac actuaban conforme a un código ético que, salvo excepciones, era respetuoso con sus clientes. En cambio, la señora Montero y el Gobierno, que son los deudores, parecen disfrutar humillando a los gallegos con su actitud prepotente y despectiva. 
Dicho esto, es incomprensible que el Gobierno de España se empecina en castigar a las Autonomías. ¿No sabrán que forman parte del Estado?