Ares busca frenar y mitigar la proliferación del picudo rojo en el municipio. Para ello, el Concello ha aprobado, tal y como se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente a su edición del 18 de junio, una ordenanza específica que deberán cumplir aquellos titulares de palmeras canarias en la villa, “co obxectivo de coordinar o proceso de supresión, control e tratamento, co fin de evitar a propagación”, reza la normativa.

En el texto se recoge una serie de obligaciones para aquellos vecinos y vecinas que cuenten en su propiedad con este tipo de palmáceas, entre ellas, “colaborar activamente co Concello, facilitando calquera información que sexa de interese”.

Tendrán también que comunicar todas aquellas actuaciones que se lleven a cabo en las palmeras, así como aplicar –por parte de personal especializado en la materia, que deberá poseer el carné de manipulador de plaguicidas– un tratamiento fitosanitario tras la poda de las ramas “para evitar a aparición de novos focos”.

Estos restos tendrán que ser también procesados y retirados para su trituración e incineración –los propietarios deberán presentar los correspondientes resguardos de estas acciones– y se estipula, también, otra manera de gestionar los residuos. A este respecto, la ordenanza recoge la posibilidad de cavar un agujero en una finca “onde caiban dentro folgadamente. Despois de depositalos nel, aplicarase unha capa de cal e soterrarase con suficiente profundidade para que o insecto non sexa capaz de escapar”.

Aquellas palmeras que se encuentren gravemente afectadas –sin solución para ser recuperadas– tendrán que ser taladas y bien gestionadas “de maneira inminente”, quedando el Concello facultado para la ejecución forzosa de cualquier tipo de requerimiento al respecto.

La normativa prohíbe también, de manera expresa, la eliminación de los restos de poda o tala “no sistema municipal de recollida de residuos”.

El incumplimiento de estas obligaciones, ya sea de carácter leve, grave o muy grave, acarreará para los vecinos y vecinas una serie de sanciones. En el caso de las primeras, la cuantía oscila entre los 150 y los 700 euros, mientras que en el de las segundas el importe a pagar podría ascender hasta los 1.500 euros. Por último, aquellos que cometan una infracción considerada de la mayor gravedad podrían enfrentarse a multas de entre 1.501 y 3.000 euros.

Recopilación de información

En la actualidad, el Concello ya ha concluido la localización de las palmeras afectadas en los espacios públicos –se ha actuado sobre tres ejemplares, dos mediante su tala y uno por medio de la aplicación de un tratamiento para ver si es posible su recuperación–.

El ejecutivo mantiene activa la fase de recopilación de información acerca de las de titularidad privada, por lo que invita a los residentes a comunicar a la Concejalía de Medioambiente dónde están ubicadas, su estado y un teléfono de contacto. Así, los interesados pueden contactar con el Ayuntamiento a través del número 667 124 121.