De nuevo el CIS pone en el candelero la corrupción. Sigue siendo, tras el  paro, el segundo problema más grave  que perciben los españoles. Ahora, en el mes de febrero,  la preocupación ciudadana por la corrupción escala ocho puntos en relación el mes de enero. Es decir, para un 47,5% de encuestados, la corrupción es uno de los problemas más graves que aquejan a nuestro país, como, por cierto, a tantos regímenes políticos en todo el planeta. 
En efecto, durante el mes  de febrero la ciudadanía se muestra más preocupada por un fenómeno tan antiguo como el ser humano que en este tiempo ha crecido exponencialmente. La proliferación de casos de corrupción a lo largo y ancho de la geografía nacional, tal como ha demostrado el ministro del interior en una reciente comparecencia, en la que ha reconocido en 2015 seis mil detenidos por actos de corrupción,  debiera disparar las alarmas en los cuarteles generales de los partidos políticos, de forma y manera que los ciudadanos perciban que se dejen atrás viejas formas de estar y hacer política. La realidad, sin embargo, acredita que todavía hay una mayoría de españoles que desconfía de los partidos políticos como instituciones de interés general y de las promesas de muchos dirigentes asentados por décadas en la cúpula de estas organizaciones. La ciudadanía, entre resignada e indignada, apunta a los partidos como las instituciones más desprestigiadas de la vida democrática española, tal y como mes a mes registran las encuestas desde hace ya varios años.  
La corrupción es consecuencia de la forma de selección de los cargos públicos, de la amplia discrecionalidad existente para adjudicar contratos públicos,  de la manera en que se integran las listas electorales y, por supuesto, de los criterios que se manejan para integrar los cuadros directivos de las juventudes de estas formaciones. Mientras se designen los cargos por afinidad personal y  se confeccionen las listas para consolidar poderes personales, la corrupción seguirá campando a sus anchas. Es lógico porque así, de esta forma, se está y se practica la política precisamente para el mantenimiento y conservación, como sea, del poder. 
En este sentido, aunque se quiera ocultar, la realidad acredita que el panorama político español está todavía, a día de hoy, después de la martingala de la investidura, sumido en una profunda degradación  que ha permitido a los ciudadanos, primero en las europeas, luego en las locales y autonómicas, y recientemente el 20-D del año pasado,  castigar a aquellas formaciones que han tolerado, incluso protegido, o peor, aupado a cargos directivos,  a delincuentes y presuntos delincuentes..
Así las cosas, bien está que  los partidos pretendan revisar sus “códigos éticos” para endurecerlos y presentarse ante los ciudadanos como instituciones regeneradas. La cuestión, sin embargo, no depende exclusivamente de normas o códigos. Claro que son bien importantes.