DEBATE ABIERTO

Las Diputaciones se han sumado a una vieja teima de los Concellos: quieren deshacerse de las llamadas competencias impropias; competencias que, de atenerse a lo establecido, no les corresponden; que representan una cuarta parte de las que en realidad asumen, y que gravan indebidamente sus presupuestos.

Al tiempo, proponen traspasar competencias hacia arriba –a las comunidades autónomas– y hacia abajo –a los Concellos–, quitándose de encima tareas políticamente poco rentables y administrativamente incómodas. Su nuevo gran papel sería la ayuda y asistencia a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que acogen una población total de 15 millones de españoles.

Las Administraciones autonómicas bien pueden ejercer la asistencia a los pequeños Concellos que el Gobierno pretende reservar a las Diputaciones

No obstante, lo que no explican los neorreformadores provinciales es por qué esa atención a los pequeños Concellos no podría también ser llevada a cabo por las Administraciones autonómicas, máxime si aquéllos están llamados a corto plazo a la prestación conjunta de servicios y a medio plazo, a fusionarse y ganar en tamaño.

En las comunidades autónomas uniprovinciales las Diputaciones no han existido nunca y no ha pasado nada. En las de pocas demarcaciones, como Galicia, la cercanía de la Administración regional con los Concellos parece suficiente para esas tareas de asistencia y de Administración intermedia.

Hace algún tiempo casi todas se quitaron de encima el muerto de la sanidad y ahora pretenden que la respectiva Administración autonómica asuma las carreteras provinciales. Así las cosas, ¿qué competencias les podrían quedar a los entes provinciales? ¿Las fáciles y de menor complejidad? ¿Para sólo eso estaría justificada toda una Administración que, por si fuera poco, vendría a convivir con otras tres?.

La verdad es que los neorreformadores provinciales se ven obligados a hablar más desde la teoría que desde la realidad. Porque desde esta última, los números cantan y son contundentes. Y es que, por ejemplo, según una reciente liquidación ante el Ministerio de Economía, las Diputaciones gallegas gastaron sólo en personal 145 millones; es decir, el 25% de los ingresos de las cuatro corporaciones; porcentaje que en alguna de ellas como la de Ourense llegaba al 41,3%. Si sumamos los gastos de funcionamiento, bien podrá concluirse que entre una cosa y otra se les va por ahí casi la mitad del presupuesto. ¿Qué puede quedar, pues, para inversiones reales?

Hablamos de Galicia, pero algo similar podría decirse del conjunto nacional. Los números ni favorecen ni justifican la supervivencia de las Corporaciones provinciales. Y aunque de momento el Gobierno les salve la vida, el debate sigue y seguirá abierto.