Como era de esperar, la financiación regional fue el tema estrella en la magna Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada días atrás. Las otras diez/doce cuestiones puestas también sobre la mesa no es que hayan pasado a mejor vida, pero sí han quedado eclipsadas. Aquella urgía porque el modelo impuesto en su día por Rodríguez Zapatero era insuficiente, injusto y se había quedado más que obsoleto.
Tocaba haberlo revisado antes. Pero eran los tiempos punta de la crisis y el tándem Rajoy/Montoro alegó que no había dinero para repartir más y mejor. Ahora tampoco lo hay, pero se confía en que lo haya. Ya se lo adelantó Rajoy a los presentes en forma de advertencia en el arranque de la reunión: la recaudación fiscal sigue estando 20.000 millones por debajo de la de 2007, cuando comenzó la recesión.
No obstante, el inaplazable proceso técnico y político se ha puesto en marcha y, como va para largo, se espera que en el segundo semestre del año el PIB se haya recuperado a niveles anteriores y que pueda ser entonces cuando –entre todos; sin tratos preferenciales– se cuadren y cierren las eventuales nuevas cuentas.
La negociación será, como siempre, espinosa, dadas las en la práctica incompatibles reclamaciones que plantearán unos y otros. Habrá, como Galicia, quien pretenda primar la envejecimiento de la población y la dispersión territorial; otras, como Cataluña, limitar el fondo de solidaridad interregional para evitar que, tras aportar al fondo común, una comunidad pueda bajar puestos en el ranking de financiación per cápita; otras, por su parte, harán hincapié en el número de inmigrantes; otras, en la insularidad. Y así sucesivamente. ¿Será encajable el rompecabezas?
De todas formas, a la vista del forcejeo ya iniciado en la propia Conferencia, el punto caliente del futuro nuevo sistema será el de la llamada armonización fiscal; es decir, la reducción de las diferencias tributarias que las distintas comunidades han ido estableciendo en uso de las competencias que en impuestos cedidos total o parcialmente les asiste.
Madrid, por ejemplo, tiene prácticamente exentos de tributación –ya desde los tiempos de Esperanza Aguirre– los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. Galicia hace lo propio para el mundo rural. Y quien más, quien menos practica sus particulares exenciones. Algunos llegan al contrasentido de bajar impuestos para, a continuación, endeudarse en busca de financiación.
Lo curioso del caso es que quienes más han insistido en poner topes máximos y mínimos a las eventuales exenciones en los grandes impuestos hayan sido las comunidades, casi todas socialistas, que en mayor medida proclaman el autogobierno. Al final terminará por imponerse algún grado de armonización. Porque tanto las recomendaciones del grupo de expertos de la llamada Comisión Lagares (febrero 2014), como el acuerdo PP/Ciudadanos (punto 5) van por ahí.