Son muchas las ejecuciones hipotecarias que se encuentran pendientes de autos y sentencias judiciales firmes y otras que han quedado suspendidas o sobreseídas como consecuencia de la concesión de moratorias o cláusulas abusivas. Es cierto, y todo hay que decirlo, que las entidades financieras fueron conscientes de la necesidad del diálogo y del acuerdo con las familias afectadas por deudas contraídas de buena fe para evitar cualquier toma de posesión y desahucio de las viviendas habituales.
Ahora estamos en el momento en que el crecimiento de los desahucios por impagos de alquileres es alarmante. Así la patata caliente ha pasado de los bancos a la propia administración pública, que ya no tiene disculpas para la adopción de medidas y poder garantizar los realojos de las familias en casos de emergencia social, vulnerabilidad y exclusión social.
Los datos estadísticos y los expertos nos demuestran y afirman que somos el país de Europa con más viviendas vacías, incluso Galicia con una de las poblaciones más envejecidas, y, no obstante, paradójicamente, muchas corporaciones locales, no son capaces de disponer de una parte de esos inmuebles, en condiciones de habitabilidad, para cumplir con el derecho constitucional de una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos.
Algo habrá que hacer; ya no se puede consentir que algunos gobernantes sigan viviendo en una realidad paralela. Para eso hay que llenar de contenido real todas las medidas adoptadas en los últimos tiempos, que no son pocas, por parte de las administraciones locales, autonómicas y estatales y que tengan una aplicación práctica y efectiva.