Grecia votó el 7 de julio y al día siguiente, en menos de 24 horas, el candidato elegido tomó posesión del cargo y entró en el despacho para trabajar. “Tenemos tantos problemas que no ”podemos perder ni un minuto”, dijo Kyriakos Mitsotakis, el nuevo presidente. Portavoces de Nueva Democracia señalaron que “la constitución de la Cámara será inmediata y los parlamentarios no se tomarán vacaciones”.   
España es diferente. Desde 2015 el país está paralizado y ahora, después de las terceras elecciones en cuatro años, todo sigue igual. Los políticos dan un espectáculo lamentable peleándose por los sillones, la primera sesión de investidura se celebrará casi tres meses después de los comicios y el Parlamento está cerrado, sin plenos, sin comisiones, sin control al Gobierno, sin actividad alguna.
Además de la gravedad que entraña esta inactividad que retrasa medidas y reformas necesarias y urgentes, hay que “denunciar que los diputados del Congreso, igual que los de las comunidades bloqueadas, llevan el mismo tiempo cobrando por no hacer nada. 
Eso es una ofensa a los trabajadores que cada día fichan y producen en las empresas, productividad que nadie sabe cómo se mide en los diputados. Y es un agravio a los ciudadanos que acaban de presentar la declaración de la Renta y ven como el destino de sus impuestos es “un aparato político enorme –y ocioso– que hay que sostener y para ello se aprieta a los contribuyentes”, en palabras de Carlos del Pino, delegado en Galicia de la Asociación Española de Asesores Fiscales.  
Apuntaba un internauta en clave de humor dos medidas para salir del impase. La primera, “retirarles el sueldo hasta que desbloqueen la situación política, seguro que llegan al acuerdo al minuto siguiente”.  
La segunda, recuperar el artículo 155 de la Constitución que se aplica por “no cumplir sus obligaciones y atentar gravemente contra los intereses generales de España”, darlos de baja una larga temporada y “nombrar una Comisión Gestora que sale más barata” 
Bromas aparte, algo hay que hacer y la reforma de la ley electoral es un clamor para acabar con la ociosidad de los diputados, tan prolongada como escandalosa y cara, y evitar que el bloqueo del país se vuelva crónico. 
Así las cosas, es preocupante que la gente empiece a dar la espalda al sistema y que, parafraseando al politólogo Fernando Vallespín, aparezcan cada día más “ciudadanos descreídos, al borde del nihilismo político”. Una desafección democráticamente peligrosa.