EL CONGRESO: EL PODER EJECUTIVO (TERCERA CARTA ABIERTA A FELIPE VI)

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Lamentablemente, durante los últimos treinta y seis años, el poder ejecutivo en España se confundió con el legislativo, ejerciendo un falso y poco democrático tutelaje sobre el poder judicial y la jefatura del Estado. Esta amalgama en la estructura orgánica del Estado ayudó a la corrupción de muchas instituciones de forma sistémica, facilitando a ciertos representantes el saqueo impune y prolongado de fondos públicos, ignorando derechos constitucionales de la persona. Si realmente la ciudadanía desea”… una monarquía renovada para un tiempo nuevo”, los poderes institucionales tienen que ser elegidos cada uno de forma independiente, y con un voto igual de válido para cada representante, sin coeficientes diferenciadores.
Montesquieu está aquí y ahora bien enterrado. Ya a los de la moneda del partido de las dos caras, no les conoce ni la madre que… (están muchos forrados, y el pueblo arruinado), pero tendremos que defender y recuperar aquel pensamiento filosófico para este tiempo nuevo del siglo XXI. No será suficiente, pero si necesario separar los poderes institucionales, y en este caso para el Congreso se tendría que redefinir su objeto, es decir: elaborar y administrar el Presupuesto del Estado, labor más que suficiente, tanto para el Gobierno como para su control por la Oposición.
Actualmente la Agencia Tributaria no ejerce su labor de recaudación adecuadamente, habida cuenta de la economía sumergida, las empresas domiciliadas en paraísos fiscales, o en otros países de la Unión Europea con diferente consideración fiscal, que son un poco más de lo mismo, y un largo etc. de fraude, que tendría que ser bien debatido a la hora de repartir cargas a los ciudadanos, para valorar adecuadamente los INGRESOS del Presupuesto del Estado.
Urgentemente se tendría que crear una Agencia de Cuentas, para el debido control de las administraciones territoriales en el uso responsable de los GASTOS del Presupuesto del Estado, y por supuesto, la eliminación inmediata del endogámico e ineficaz Tribunal de Cuentas del Estado, que informa del gasto con un retraso realmente delictivo además de sospechoso, al no defender los intereses generales de los ciudadanos.
El Congreso sería la institución de representación ciudadana que autorizaría al Gobierno el uso  y aplicación de los fondos aprobados para el Presupuesto del Estado conforme a una Ley Presupuestaria bien debatida, con datos transparentes ante toda la ciudadanía por medios televisados y telemáticos de forma permanente y en tiempo real, para cada partida autorizada sin margen de desviación.
El Gobierno no sería competente en la emisión de deuda pública sin la debida autorización, y previo debate en el Congreso. Se tiene que finalizar el cínico discurso de que los diputados no deciden el Presupuesto del Estado, pues esa sería su verdadera y única razón de ser, imprescindible al perder otras instituciones su poder de control económico, en muchos casos por su cesión a la Unión Europea.
El Congreso tendría la responsabilidad de controlar la salud del sistema financiero de todas las entidades públicas y privadas del Estado, con toda la ayuda de las Agencias que fueran necesarias para la vigilancia técnica y de inspección directa periódica, y para así lograr lo que debería ser “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”, concepto valido para cualquier Jefatura del Estado futura.
La Constitución se va a modificar sin lugar a dudas. El debate tiene que comenzar, “desde la ley a la ley”. No derribemos el edificio, pero admitamos que tenemos que renovarlo, nos lo pidió la Jefatura del Estado. Como ciudadanos responsables tenemos el deber de refrendar los deseos de Felipe VI. Esto evitaría la necesidad de tener que escribir un guión para un probable nuevo 23 F.

 

EL CONGRESO: EL PODER EJECUTIVO (TERCERA CARTA ABIERTA A FELIPE VI)