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Fue noticia hace unos días que “un informe de la UE revela que los españoles pagamos por construir nuestras carreteras el doble que Alemania”. Ya antes de que los jueces Ruz, Ayala y Castro le echaran valor para no doblegarse ante la presión de chorizos y secuaces y decidiesen seguir tirando del hilo de la madeja sin fin que es la corrupción en España, sabíamos por qué: hay mucho maletín que dar, mucho político que sobornar y mucha voluntad de funcionario que doblar. A mayores, las cláusulas que blindan en grave perjuicio nuestro el saqueo consentido cuando no favorecido para delinquir, por más que tengan la suerte de andar por ahí los concedentes disfrutando del botín gracias a la jocosa indolencia que en este país siempre se ha dispensado hacia todo cuanto tiene que ver con el robo de cuello blanco. Eso es lo que esconde, por ejemplo, el  famoso déficit tarifario, nutrido de varios conceptos con el mismo fin: enriquecerse por la vía del expolio publicado en el Boletín.
Veamos: Hay instalada mayor capacidad de generación eléctrica de la que se precisa dado el consumo actual, habiendo centrales eléctricas paradas a porrillo, principalmente las de ciclo combinado (de gas), que en algunos casos no entran en funcionamiento más que un 10% del tiempo que están disponibles para engancharse a la Red cuando el operador del sistema se lo pida pero que aunque no produzcan hay que abonarles el concepto de disponibilidad, grabando así el coste del Kwh producido y engordando por ello el déficit tarifario. A esto, añadamos que las centrales productoras con energía renovable (eólicas, solares, minihidráulicas, etc..), tienen preferencia sobre las demás para conectarse a la Red, por lo que siempre que puedan producir electricidad la estarán vertiendo a la Red, kilowatios primados a un valor por encima del mercado (porque así lo dejó firmado Aznar su último día de gobierno, perdidas las elecciones frente a ZP) lo que supone seguir aumentando el déficit tarifario.
Las centrales nucleares tienen que estar conectadas siempre a la Red y su retribución es igual al precio de casación del mercado de la demanda con el de la oferta; es decir, el precio de mercado. Así, aunque su coste de producción sea inferior, la diferencia siempre será en beneficio del productor propietario de la central.  Sigue así inflándose el déficit tarifario. Las centrales de carbón  se conectarán o no, en función de la demanda, pero aunque no entren en funcionamiento, siempre cobrarán por el concepto de disponibilidad si así lo han comprometido. Y las grandes hidráulicas estarán en funcionamiento siempre porque sería un desperdicio no turbinar el agua, si bien con pantano se puede acumular para turbinar... en las horas más caras de la demanda eléctrica, cuando el beneficio es máximo; son estas centrales las que presentan mayor flexibilidad para regular las variaciones de consumo. Así, el precio del kilowatio consiste mayormente en abonar disponibilidades de centrales, primas a las renovables, pagos por contratos de interrumpibilidad, además de peajes e impuestos, gravando el Kwh consumido necesario en un consumo menguante y cuanto menos se consuma, más caro sale el Kw consumido. Aún a velas y no consumiendo nada, mientras mantengamos un contrato con una compañía eléctrica seguiremos pagando un huevo de pato gracias a Felipe, Salgado, Sebastián, Piqué, Aznar y cía., recolocados en los propios Consejos tras abandonar sus cargos públicos y todos relacionados con otra incautación: el proyecto Castor este que tiene atemorizados a pueblos costeros catalanes y valencianos y del que siendo ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona se aprobó la resolución ministerial en la que afirmaba que “no se deduce la posible existencia de impactos ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.
Miguel Sebastián (ZP) firmó el “decreto Castor” otorgando su concesión por 30 años a ACS-ESCAL-UGS, pagando 1.700 millones de euros a Florentino Pérez a razón de 250 millones anuales, con una cláusula:  seríamos los ciudadanos quienes asumiríamos “los costes si la obra se suspende o la contrata se rompe, indemnizándole con 3.700 millones el lucro cesante salvo dolo o negligencia grave imputable a la empresa”. Guay, ¿no?

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