Decía yo en mi columna del día 11 de septiembre que, sin temor a equivocarme,  el 1 de octubre, habría papeletas, urnas, colegios electorales, y se constituirán las mesas, a pesar de todos  esfuerzos en contra. También señalaba que habría una intervención enérgica por parte de las fuerzas de Seguridad del Estado, posiblemente ajena a los Mossos de Escuadra, que tratarían de hacer que se cumpliese la ley y las órdenes judiciales. Insistía yo en mis vaticinios que, probablemente, habría graves conflictos sociales, de imprevisibles consecuencias. Debo decir que, desgraciadamente, no me equivoqué ni un ápice. Lo más grave fueron los múltiples heridos ocasionados a causa de la intervención policial. Al final de la jornada, el balance de los dos gobiernos, tanto central como autonómico, fue, sin moverse ni un milímetro del guion previo, que ambos proclamaron su victoria aplastante sobre el ”enemigo”. Rajoy, como si nada hubiese ocurrido, anunció una próxima convocatoria de todos (¿) los partidos políticos, sin apuntar cualquier viso de solución. Por su parte, un Puigdemont  “victorioso” en su empeño ilegal, avisaba de la próxima proclamación de la República Catalana Independiente. La ruptura de puentes entre ambas partes quedaba definitivamente establecida. Los efectos internacionales del Referéndum, ante la dura intervención policial, que no por esperada fue menos grave, hizo perder al Gobierno la importante batalla de la comunicación y de la información. Las fotografías publicadas en la prensa extrajera y los titulares alarmantes hicieron inclinar la balanza a favor de las masas que querían votar. La simpatía siempre se inclina hacia el débil, tenga o no razón legal. Las tardías apariciones públicas de los representantes gubernamentales no consiguieron contrarrestar los efectos ante la mayor parte de la opinión pública, foránea o interna.
Si bien el Gobierno, mediante la fuerza, aplicaba la Ley y las resoluciones judiciales, y que es muy cierto que sin Ley no hay nada, también lo es que solo con la Ley no se soluciona el problema catalán. El desgarro emocional producido, así como la fractura ocasionada, tanto entre la sociedad catalana como en la  española es tan grave, que será muy difícil su recomposición. Es muy preocupante para el conjunto del país. Creo, por tanto, que es absolutamente necesario que todos, absolutamente todos los agentes políticos, sociales y económicos, se pongan a trabajar, con firmeza y seriedad, para recuperar los puentes de diálogo tan duramente quebrados en los últimos tiempos. 
El problema catalán y, por ende, el de otras comunidades autonómicas, debe de afrontarse de manera definitiva. Busquemos entre todos el encaje común de los actores de esta tragedia en un proyecto común y viable. Es sumamente claro, a mi juicio, que aunque se produzca la proclamación unilateral del la República Catalana en próximos días, los efectos internacionales serán nulos, por la ilegalidad del proceso plebiscitario. La independencia no será reconocida por ningún país y lo peor es que el Gobierno, en tal caso, habrá de aplicar medidas de gravedad extrema, como puede ser el Artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional. Un  peligroso y preocupante panorama de futuro para España.