Ignoro si después de la tregua de Navidad tendremos Gobierno y, también, una solución a los problemas de Cataluña, de los políticos presos por haber vulnerado las leyes, de la nueva configuración territorial del Estado, de si España es una nación de naciones, un Estado federal o cualquier otra cosa. Incluso si seguimos siendo una Monarquía parlamentaria, como dice la Constitución, o pasamos a ser una República, temporalmente presidida por un Rey. Digo todo esto porque, al parecer, lo único que queda por negociar entre Sánchez y ERC son “los flecos”, que es algo tan etéreo que nunca se sabe si esconden pequeños asuntos o el meollo de la cuestión. Pero como Sánchez tiene tanta prisa en cerrar el acuerdo, es posible que tampoco los flecos, sean los que sean, vayan a ser un obstáculo para conseguir el objetivo: seguir en La Moncloa, al precio que sea, pero con carácter fijo y no como ahora, de privilegiado empleado eventual ni con un contrato por meses y escaso poder real.

Parecería también lógico que, antes de pasar por la vicaría del Congreso de los Diputados, el candidato a presidente fuera a visitar al Rey y le explicara, por lealtad constitucional y con pelos y señales, los términos reales del acuerdo con Podemos y con los independentistas para despejar cualquier duda sobre si se respeta la Constitución, se bordea peligrosamente o, directamente, se salta. Comunicarles si la Abogacía del Estado ha recibido o no instrucciones para abrir la puerta de la cárcel a Junqueras y compañía y otras cuantas cuestiones de calado. Si la Fiscalía es realmente independiente o si hay tentaciones de control. O si se va a respetar de igual manera las decisiones independientes de los tribunales y de los jueces españoles --gravemente descalificados por algunos de los futuros socios de Pedro Sánchez y por el todavía presidente de la Generalitat, Quim Torra-- como las de los tribunales europeos, que también son españoles. Porque si se trata de respetar las sentencias, hay que respetarlas todas. Y nuestros jueces son ejemplares en su capacidad, en su independencia y en su rigor jurídico. Acatar y respetar las sentencias significa no interferir en su aplicación, todo lo contrario de lo que están haciendo los futuros socios del PSOE que buscan, lo dicen diáfanamente, acabar con la Constitución que nos ampara a todos.

El Rey ha pedido concordia y entendimiento, y falta nos hace, pero “siempre dentro del respeto a la Constitución”. Y también ha dicho que cabemos todos y se ha manifestado claramente contra la división. Dicho eso, si en breve tenemos Gobierno, lo que importa es qué va a hacer para solucionar el problema del empleo, qué va a pasar con las pensiones actuales y futuras, cómo se va a afrontar el déficit público, cómo se van a financiar las autonomías para que puedan hacer frente a sus responsabilidades, como reducir las listas de espera en la sanidad, cómo tener un plan de educación que sirva para mejorar la calidad y no para educar sectariamente a los estudiantes --como se ha hecho y se sigue haciendo en Cataluña--, cómo garantizar el pago de la justicia gratuita cuando los abogados son encargados de atenderla por mandato judicial o como garantizar la independencia de los medios de comunicación públicos. El interés general por encima de los intereses particulares, por muy respetables que sean. Los ciudadanos de toda España antes que uno solo o un grupo más o menos numeroso. Dicho sea sin acritud.