Miguel Ángel Flores, condenado a cuatro años de prisión por cinco delitos de homicidio por imprudencia en la tragedia del Madrid Arena, volverá a estar al frente de una discoteca. Este individuo es directivo de una empresa que abrirá dentro de quince días un macrocentro de ocio nocturno en la madrileña Estación de Chamartín. 
La casualidad quiso que el proyecto fuese presentado una hora antes de que Flores fuese condenado por la Audiencia de Madrid. Suponemos que para las familias de las cinco chicas muertas en 2012, ya consternadas por la corta condena del principal implicado y por la absolución de algunos notables procesados, esta noticia será un mazazo.
Desde luego resulta muy difícil de comprender que el delincuente pueda seguir lucrándose en la misma actividad en la que delinquió, sobre todo cuando la sentencia contempla su inhabilitación para el ejercicio profesional mientras dure la condena. 
Pero esa inhabilitación comenzará cuando la condena sea firme y habrá que esperar más de un año si la sentencia es recurrida, que lo será, salvo que alguien pida el inmediato ingreso en prisión de Miguel Ángel Flores y el tribunal lo considere. 
Pero será difícil, porque el condenado ha cumplido escrupulosamente con el tribunal durante el procedimiento y no es previsible su riesgo de huida. Son las paradojas de un procedimiento judicial muy garantista, pero estrictamente fijado por ley.
Más incomprensible es que un empresario, entre todos los profesionales del ocio que existen en nuestro país, decida fichar al avaricioso organizador de una fiesta que acabó en tragedia para poner en marcha una de sus discotecas. 
Y si es increíble su contratación estando procesado más aún lo es su ratificación cuando la justicia le considera ya múltiple homicida imprudente. Tan incomprensible como hacer jefe de bomberos a un antiguo pirómano o poner al frente de una guardería a un condenado por pederastia. Hay que ser muy amigo, muy inconsciente o muy poco escrupuloso para ignorar el detalle en el currículum.