Lentejas indigestas

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ccomo esa cláusula introducida a fuego de un tiempo a acá en los pactos de gobierno según la cual las partes se comprometen a separar de inmediato de cualquier cargo público o de partido, y hasta la resolución completa del procedimiento judicial, a imputados por corrupción política.
Nunca –creo– los jueces de instrucción pensaron que con una simple llamada a un ciudadano a declarar como investigado iban a determinar de tal manera el curso de la política. En realidad, no son los jueces sino los partidos políticos –algunos en especial– quienes terminan por dar un crédito fuera de lugar a la imputación. De memoria sabe lo que significa y cuál debe ser su alcance. Sin embargo, ahí siguen llevándose por delante principios tan básicos como la presunción de inocencia.
La polémica, más teórica que aplicada, ya venía de atrás, pero se asentó a raíz de las elecciones autonómicas de 2015 en las que el PP hubo de pactar con Ciudadanos en determinadas plazas fuertes donde la fragmentación del voto le había hecho perder anteriores mayorías absolutas y la posibilidad de gobiernos en solitario.
Y ahí es donde por no haber sabido negociar mejor y con más fuerza y por aquello de que no le quedaba más remedio, asumió demasiado rápido las pretensiones del partido del salvador Rivera, de las que ahora malamente se puede apear. Son las célebres “lentejas; si quieres las comes y si no, las dejas” de que habla el refranero popular, a las que se refrió el coordinador Maíllo y que tan indigestas le están resultando estos días tanto a nivel autonómico –caso Murcia– como a nivel nacional, a propósito de los Presupuestos Generales del Estado.
Lo malo es que no hay doctrina unificada al respecto. Ciudadanos tiene hasta cuatro posiciones sobre. Una, la que exige en Murcia a punta de lanza invocando el célebre principio del “pacta sunt servanda”. Otra, la que plasmó hace poco menos de dos meses en la proposición de ley que, por su iniciativa, se tramita en el Congreso. Una tercera, la que se apresta a renegociar de cara a la investidura del nuevo presidente de aquella comunidad. Y, por supuesto, una cuarta: la que no aplica según y dónde, como en Andalucía.
Esto sí que es el absurdo y el despropósito elevado a su enésima potencia. Alegan sus mantenedores que una cosa son los compromisos políticos, como los acuerdos de investidura, y otra los textos legales donde ciertas voluntades no tienen cabida. Lo que no justifican es por qué unos y otros no marchan, como debieran, con el mismo paso por la senda de la lógica y del sentido común.

Lentejas indigestas