Memoria fiscal

|

Unas contadas líneas dentro de la extensa Memoria de la Fiscalía General del Estado (ejercicio 2018) presentada hace unos días han suscitado una notable polémica en el ámbito educativo y aledaños sindicales y acaparado en gran medida la atención mediática. Se trata de la supuesta pretensión del ministerio público de instalar en aulas escolares, despachos y otros espacios  cerrados sistemas de grabación en video para así luchar mejor contra los abusos sexuales  sobre menores.

Y hablo de “supuesta” porque aquello no fue más que la reflexión de un fiscal concreto,   dentro de las muchas que hay recogidas en el documento remitidas por las diferentes Fiscalías, pero no asumida por la institución ni incluida, por tanto, en el paquete de reformas legislativas formalmente propuestas. Desde luego, aceptar la vigilancia televisiva en las aulas y hacer de ellas una especie de “gran hermano” permanente hubiera sido tanto como reconocer de entrada el fracaso de la sociedad toda.

Como no podía ser de otra forma, la Memoria aborda el problema de la violencia de género, con especial recuerdo a las 49 mujeres y los 8 menores fallecidos, así como a los 40 pequeños que por esta circunstancia quedaron huérfanos en el transcurso del año pasado. En este ámbito, los escritos de acusación formulados por los fiscales se acercaron a los 52.000 (un 9,68 por ciento más que en 2017) y se dictaron un total de 40.965 sentencias, condenatorias en un 70,8 por ciento.

A la Fiscalía le “preocupa” de forma especial una cosa: que de las 49 fallecidas, 16 hubieran  formulado denuncia anterior (esto es, un 32,65 por ciento frente al 20.75 por ciento de este indicador en 2017) y que no obstante  la mayor confianza de las víctimas en la respuesta judicial, no se haya  sido capaz de ofrecer la protección adecuada para garantizar su seguridad. Una “frustrante sensación”, dice.

Para la institución y para la propia fiscal general, María José Segarra, es particularmente “inquietante” también el mantenimiento de la tendencia alcista en los asuntos de violencia familiar cometida por menores, que han experimentado un incremento del 7,11 por ciento. Al tiempo insisten en la incidencia en el número de delitos de naturaleza sexual unida al uso inadecuado de las redes sociales. 

A su juicio, la respuesta y la prevención no pueden ser sectoriales, ni reducirse a campañas institucionales con eslóganes estandarizados. La prevención pasa por una revisión en profundidad del sistema educativo, en coordinación con las familias, para promover una sólida y profunda formación en conocimientos y valores, donde el sentido crítico y el desarrollo individual se compaginen con el respeto a la convivencia, la igualdad y la diversidad. Una sociedad, si quiere ser de verdad avanzada, debe empezar por asumir esta difícil tarea, cuyo abordaje es multidisciplinar. 

Todo lo que sea hacer hincapié en esta línea, añado yo que bienvenido sea.

Memoria fiscal