El sindicato de manteros y lateros de Madrid, aún turbado por la muerte de uno de sus miembros en Lavapiés, pide la despenalización del “top manta”, el cese de su persecución y la derogación de la actual Ley de Extranjería, que, por su contenido exclusivamente policial, sume a los manteros y a tantos inmigrantes en un bucle de marginación del que es imposible escapar.
Se trata de demandas puestas en razón que visibilizan como personas, y no como bultos, a los que para ganarse la vida tienen que llevar una particularmente arrastrada, cual es la de vender en la vía pública quincalla apócrifa e ilegal, estresados siempre por el miedo a la irrupción de los municipales, o bien latas de cerveza por las gélidas esquinas de la noche. Sin embargo, alguien debería explicarles, como también a muchos españoles, que la condición de ciudadanía es un conjunto indisoluble de derechos y deberes, y que entre estos se halla el de observar la normativa de la venta ambulante, como hacen o tratan de hacer los admirables vendedores de los baratos y los mercadillos.
Para romper ese bucle de la persecución de lo que, en puridad, debe perseguirse, la venta ilegal de productos falsificados, pero que debería perseguirse de otra manera, más humana de una parte y más eficaz de otra, debe cambiar radicalmente la Ley de Extranjería, pero no para hacerla más porosa, sino más social, más flexible, menos kafkiana y más justa. Ningún mantero quiere ser mantero, el propio Mmame Mbaye, el senegalés al que derribó un infarto en el portal de su casa, no quería, y si los manteros no quieren el “top manta” y la ley y la sociedad tampoco, salvo los desatentados clientes de esa mercancía ínfima, ¿qué razón puede haber para que desde el Estado no se intente absorber la energía y el trabajo de esa gente en beneficio de todos, procurándoles formación y salidas laborales dignas?
Entre los manteros y los lateros hay de todo, como en botica, pero, en general, son personas que en vez de darse a la sirla, al butrón, al allanamiento o a la colocación de preferentes a los jubilados, hacen por trabajar, bien que en un sector algo controvertido, para ganarse la vida. La Ley de Extranjería debería tener claro lo que tiene claro la ciudadanía: así como sobran los delincuentes, los zánganos y los indeseables, han de ser bienvenidos, y ayudados, cuantos, con su trabajo, vienen a echar una mano.