El movimiento ‘okupa’ es un problema que se ha enquistado y que los responsables políticos prefieren ignorar.

De ahí, la importancia de la decisión del Fiscal Superior de Baleares, Bartolomé Barceló, de permitir a la policía el desalojo de quienes ocupan una vivienda.

Sería deseable que en otras comunidades autónomas siguieran el ejemplo de Baleares para empezar a paliar una situación tan aberrante como injusta que es la de la ‘okupación’. Pero sobre todo lo que es exigible es que de una vez por todas los poderes públicos pongan fin al fenómeno del movimiento Okupa.

No sé a qué espera el Gobierno y el Parlamento para abordar este grave problema que genera situaciones kafkianas.
Son numerosos los casos de personas que tiene que afrontar que su vivienda haya sido okupada. Personas que a lo mejor no tienen otra vivienda pero han estado fuera de su domicilio por el motivo que sea y cuando regresan se encuentran que no pueden entrar en su casa.

Lo peor es que cuando acuden a denunciar esa ocupación les dicen que no se puede hacer nada salvo iniciar un largo procedimiento judicial y eso sí, mientras tanto deben de seguir pagando los recibos de la luz, gas, aguay gastos de comunidad y si se les ocurre dejar de pagar les advierten que estarán cometiendo un delito.

También hay quien después de años de trabajo y esfuerzo han podido comprar una segunda vivienda en la playa, en el campo donde sea, o han comprado un piso como ahorro y dejarlo a sus hijos. Da lo mismo las circunstancias, el caso es que si alguien okupa su casa la ley protege a los ocupantes.

Me gustaría que un día las señoras y señores ministros o los líderes políticos de todos los partidos, llegaran a su casa y se la encontraran ‘okupada’. Que vivieran la terrible experiencia y por supuesto que por ser quienes no son no echaran mano del privilegio de llamar a la policía para que desalojen a los ‘okupantes’.

Sí, hay personas que no tienen una vivienda y viven en una terrible situación de precariedad pero eso no les da derecho para okupar una vivienda ajena. Son los responsables públicos los que tienen que dar respuesta a esa situación. Aunque en realidad las mayoría de las viviendas ocupadas lo son por grupos organizados que han hecho de la ‘okupación’ una forma de vida.

Lo que no comprendo es la absoluta insensibilidad de nuestros políticos ante la tragedia a la que se tienen que enfrentar los que son víctimas de los okupas.

Es urgente que se legisle para acabar de una vez por todas con la impunidad con la que vienen actuando los ‘okupas’. Pero puede que este problema, como tantos otros, no este en la agenda de nuestros políticos. A lo que parece ni está en la agenda del Gobierno ni tampoco de la oposición.