Si ya las comunidades autónomas, junto con la Seguridad Social, fueron los principales artífices del desbordamiento del déficit público registrado el año pasado, con toda probabilidad este 2016 no lo va a ser menos. Va a ser un tiempo largo de gobierno en funciones con escasa capacidad de maniobra para exigir ajustes a nadie y de Administraciones territoriales teniéndose que manejar con un sistema de financiación viejo y desfasado. 
A ello se va a sumar otro factor no menos relevante: el hecho de que los presupuestos autonómicos para el ejercicio en curso siguen hinchando de forma poco realista sus previsiones de ingresos a fin de así poder cuadrar las cuentas con el principio de consolidación  fiscal. Esta es al menos una de las principales conclusiones de un  reciente análisis elaborado por la Fundación de estudios de economía aplicada (Fedea). Según sus cálculos,  los presupuestos regionales 2015  han presentado  una desviación al alza que podría alcanzar los 6.500 millones de euros. Una realidad que, aunque en menor medida, lleva camino de repetirse  en el ejercicio 2016. 
Como se recordará, solamente tres comunidades (Canarias, País Vasco y Galicia) hicieron el año pasado sus deberes al respecto, mientras otras triplicaron el déficit permitido, cual fue el caso de Aragón, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad valenciana. Pues bien: como mínimo, casi el 60 por ciento  del total de la desviación se produjo por el lado de los ingresos. 
Y lo que es más significativo:  por el lado de los ingresos en las partidas gestionadas directamente por las comunidades y no sujetos, por tanto,  a entregas a cuenta y liquidaciones estatales, que ya vienen fijadas en los presupuestos generales del Estado y se conocen con exactitud  cuando se elaboran las cuentas autonómicas. En todo caso, la situación no sería novedosa, pues las Administraciones territoriales llevan desde 2007 cerrando sus números con unos ingresos reales significativamente por debajo de lo presupuestado.
Como se sabe, el programa de estabilidad del Gobierno contempla para este año un déficit público del 3,6 por ciento del PIB. El margen del 0,7 para las comunidades autónomas supone un colchón adicional de unos 4.500 millones respecto al límite del 0,3 permitido inicialmente. Pero aun así –estima Fedea–  las Administraciones territoriales volverán a incumplir este año una vez más el objetivo de déficit, que se podría ir hasta el 1 por ciento del producto interior bruto; esto es, una desviación de alrededor de 3.000 millones de euros.
Cabría también destacar que dos de las tres comunidades (Canarias y Galicia) que el año pasado cumplieron el objetivo de déficit han vuelto a ser quienes no incurrieron en tales males prácticas y no sobrevaloraron sus respectivos ingresos presupuestarios. La nuestra fue la que en mayor medida mejor lo hizo.