El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español, por negarse a investigar las denuncias de torturas y porque el Consejo General del Poder Judicial, abrió diligencias informativas al magistrado José Ricardo de Prada por reconocer en un Foro esta realidad. El gobierno ya ha sido condenado por el TEDH a indemnizar a seis presos con cerca de 30.000 euros a cada uno.
El TEDH acredita sólo ocho casos, pero en una sociedad democrática todas y cada una de las denuncias de torturas y malos tratos deben ser investigadas, por lo que la actitud del gobierno español de correr un tupido velo y expedientar a los jueces que quieran investigar, es condenable y sospechosamente coincidente con las sanciones que imponía el Tribunal de Orden Público (TOP) a los abogados defensores de los presos políticos, que dudaban de la validez de los atestados de la policía política franquista.
