RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

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Instaura el despido libre y no creará empleo. Este ha sido el repetido veredicto de sindicatos y partidos de izquierda ante la reforma laboral en curso. Desde la otra orilla política las cosas se ven de muy otra manera: la nueva norma es como una especie de ente puro: no tiene mezcla de mal alguno. Y desde las instancias europeas el parecer es favorable: comprende elementos muy positivos y va en la dirección correcta. El tiempo dirá, con todo, la última y más legítima valoración.

Sea como fuere, lo que sí cabe decir hoy por hoy es que la muy amplia y elaborada reforma laboral impulsada por el Gobierno supone un vuelco, un antes y un después en las relaciones laborales. Tal vez se excedió un poco en el adverbio utilizado. Pero el ministro De Guindos no erró demasiado cuando dijo aquello de que la reforma iba a ser “extremadamente agresiva”. Tampoco ha estado nada mal el golpe dado al poder sindical, que pierde una notable capacidad de influencia. Y de dineros.

Si se aprovechan las facilidades de la reforma laboral para despedir más que para contratar estaríamos ante un fiasco enorme

De forma resumida y en lo esencial, puede decirse que la reforma fija su atención en dos cuestiones centrales. Por un lado, favorece la empleabilidad y la creación de empleo. Por otro, establece medidas favorecedoras de la flexibilidad interna en las empresas y de la eficiencia del mercado de trabajo.

También se ha recordado y con razón que la mejor puerta de entrada es la puerta de salida. Esto es: que un empresario se animará más a contratar y crear empleo si sabe que va a poder moverse con cierta facilidad jurídica y económica a la hora de los eventuales despidos. No obstante, todo ello, la reforma adolece de un boquete por donde puede producirse un enorme fraude de ley si los empleadores no obran con lealtad.

La nueva norma condiciona buena parte de las actuaciones previstas a la situación económica de las compañías; a la evolución de ingresos y ventas; de beneficios y pérdidas. Medidas adoptadas desde tales supuestos pueden conducir a la supervivencia de empresas en situación financiera delicada. Pero cierto es también que éstas podrían aprovechar la situación para reducir salarios o despedir trabajadores a bajo coste y todo ello sin que la coyuntura económica de la empresa lo justifique.

Por eso cabe preguntarse: ¿quién va a verificar y acreditar la fiabilidad de las cuentas empresariales? ¿Los tribunales; los mecanismos de arbitraje? ¿No se terminará, en unos supuestos, por judicializar y, en otros, por ralentizar excesivamente los diferentes procesos?

El tiempo, como digo, hará el mejor balance. Pero si desde ahora no se aprovechan las facilidades de contratar, sino las de despedir estaríamos ante un fiasco enorme. La reforma ha puesto así en manos de los empresarios una enorme responsabilidad.

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